La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la remoción de Guillermina Vázquez Benítez como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y el consejero Francisco Martínez Ballesteros por trasgredir con los principios de máxima publicidad y certeza de los procesos electorales.
Los magistrados coincidieron en que el incumplimiento de las reglas y procedimiento para implementar y desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implicó que no se contará con el mismo y que incluso fuera sustituido por una herramienta que no es reconocida por la normativa aplicable.
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Esto independientemente del resultado que haya tenido en la práctica, pues no puede servir de excusa para la inobservancia de la normativa constitucional y legal.
Dentro de la resolución, se expuso que las conductas de las consejerías, trasgredió de manera directa el principio de máxima publicidad, poniendo en riesgo el principio de certeza, ambos, preceptos constitucionales.
De esta manera consideraron los agravios expresados por Guillermina Vázquez y Francisco Martínez como infundados e ineficaces pues contrario a lo señalado por los quejosos, el INE realizó un proceso apegado a las normas legales, tomando en cuenta que, desde la formulación de alegados, ambos pudieron emitir los medios de prueba necesarios para su defensa.
Además, trataron de restarle relevancia a la implementación y desarrollo del PREP así como la calendarización y las actuaciones, por lo que la sanción aplicada resulta acorde, razonable y proporcional a la gravedad de las faltas cometidas.
Respecto a la acusación de Morena donde solicitó también la remoción de Miriam Saray Pacheco y Christian Uziel García, la Sala Superior declaró como infundados e inoperantes los argumentos porque se concluyó que fue correcta la resolución del INE al señalar que no había responsabilidad en ellos respecto a las irregularidades del PREP pues tuvieron conocimiento de las fallas en los simulacros sino hasta el final.
No obstante, el magistrado José Luis Vargas Valdés consideró que ambos consejeros también tenían responsabilidad y, por lo tanto, debieron ser sancionados, aunque no necesariamente con la remoción de sus cargos.
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