El tribunal de Enjuiciamiento de del Distrito Judicial de Pachuca dictó sentencia condenatoria de 172 años de prisión en contra de Marco Antonio M.G; exelemento de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma. El exagente fue hallado penalmente responsable de los delitos de feminicidio, homicidio, homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en en grado de tentativa, tras un ataque familiar en febrero de 2025.
La resolución fue obtenida a través de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría Genera de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó que el sentenciado deberá cubirir el pago correspondiente a la reparación integral del daño en favor de las víctimas.
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Los hechos
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el crimen se registró la mañana del 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla. Marco Antonio M. G. ingresó a una vivienda de la zona y agredió con un objeto punzocortante a cinco miembros de una familia.
Derivado del ataque, perdieron la vida una joven identificada como Rosaura, su madre Rosa y su hermano Ramiro. El padre de la joven y otro de sus hermanos sufrieron lesiones de gravedad, pero lograron sobrevivir a la agresión.
Durante el desarrollo del juicio oral, la representación social acreditó la culpabilidad del expolicía en el feminicidio de Rosaura, los homicidios dolosos calificados de la madre y el hermano, así como en dos tentativas de homicidio en agravio de los dos familiares sobrevivientes.
Exigen justicia
El caso causó una profunda indignación y conmoción en la sociedad hidalguense. Tras el atentado, familiares de las víctimas revelaron que existían antecedentes de violencia por parte del agresor, así como reportes y denuncias previas, situación por la cual exigieron formalmente una revisión exhaustiva sobre el actuar y las omisiones de las autoridades correspondientes.
La tarde de este jueves se celebró la audiencia de individualización de sanciones, donde el Tribunal de Enjuiciamiento fijó de manera oficial la pena de 172 años de cárcel, cerrando de esta forma el proceso penal de uno de los episodios de violencia de género y multifamiliar más graves registrados recientemente en la entidad.
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