Con 12 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Ayuntamiento de Tulancingo aprobó la reforma a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, que elimina la obligación de los presidentes municipales de solicitar autorización previa del Cabildo para celebrar contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público.
Durante la sesión, la aprobación de la minuta enviada por el Congreso del Estado generó diferencias entre los integrantes del Ayuntamiento, debido a que regidores de oposición advirtieron que la modificación representa una disminución de las facultades del órgano colegiado y de los mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos.
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La reforma, presentada bajo el argumento de modernizar y agilizar la gestión administrativa municipal, mantiene la obligación de contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Ayuntamiento para la enajenación de bienes inmuebles municipales o la celebración de compromisos que excedan el periodo de la administración en funciones.
Durante la discusión, el regidor Pedro Hiram Soto Márquez explicó que la modificación permitirá a los titulares de las presidencias municipales celebrar contratos sin someterlos previamente a consideración del Cabildo, lo que, desde su perspectiva, representa una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo municipal.
Advirtió que esta disposición podría aplicarse a contratos relacionados con la concesión de servicios y espacios públicos, como la feria municipal, sin necesidad de obtener previamente el aval de los integrantes del Ayuntamiento.
Por su parte, el regidor Ignacio Antonio Lira Guerra cuestionó que se pretenda justificar la modificación con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos, sin presentar un diagnóstico que demuestre que la intervención del Cabildo ha generado retrasos en la contratación de servicios o ejecución de proyectos.
Señaló que, en lugar de eliminar la autorización previa, podrían establecerse plazos y mecanismos que permitan resolver con mayor rapidez los asuntos municipales sin reducir la participación de los regidores.
En el mismo sentido, la regidora Lorena Lizbeth Lira Amador sostuvo que el municipio debe ser gobernado por un Ayuntamiento y no únicamente por la persona titular de la presidencia municipal, por lo que consideró necesario conservar los contrapesos institucionales.
Una de las intervenciones más críticas fue la de la regidora Dora Luz Guzmán Flores, quien denunció que hasta la fecha no ha recibido los contratos de concesión de la Expo Feria Tulancingo correspondientes a 2025 y 2026, pese a haberlos solicitado formalmente.
Cuestionó que se busque eliminar la revisión previa de contratos cuando, aseguró, existen dificultades para acceder a información relacionada con el manejo de recursos públicos municipales.
“¿Cómo podemos hablar de transparencia si una regidora no tiene acceso a un contrato relacionado con los recursos y los intereses de nuestro propio municipio?”, manifestó.
Asimismo, la regidora Benita Manilla Martínez expresó su rechazo al considerar que el ejercicio del poder debe mantenerse sujeto a mecanismos de vigilancia, transparencia y contrapesos institucionales.
En tanto, Catalina Lemus Salinas presentó por escrito su posicionamiento en contra y solicitó que fuera integrado íntegramente al acta de la sesión, además de recibir una copia certificada para incorporarla a su informe anual de actividades.
La regidora sostuvo que eliminar la revisión previa de contratos y convenios representa una renuncia a una de las funciones esenciales de los integrantes del Ayuntamiento: vigilar la administración del patrimonio municipal.
Pese a los argumentos expuestos, la minuta fue aprobada con 12 votos a favor, siete en contra y una abstención.
La reforma constitucional requiere el aval de la mayoría de los ayuntamientos de Hidalgo, es decir, al menos 43 de los 84 municipios, como parte del procedimiento para su entrada en vigor.
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