Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y obtener condiciones más favorables para el Estado, el Gobierno federal inició la licitación pública LA-06-400-006400001-N-11-2026 para contratar, de manera consolidada y con vigencia plurianual, el servicio de arrendamiento vehicular que atenderá las necesidades de más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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Esta contratación forma parte del esquema de compras consolidadas promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, a través de la Subsecretaría de Egresos que dirige Bertha Gómez Castro. La estrategia busca aprovechar el volumen de contratación para acceder a mejores condiciones de mercado, reducir costos y fortalecer la eficiencia en el ejercicio del gasto público.
El proceso se lleva a cabo mediante una licitación pública electrónica a través de la plataforma Compras MX, por lo que cada una de sus etapas se desarrolla conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el procedimiento cuenta con los mecanismos de supervisión y control previstos en la legislación vigente, con la participación de las instancias competentes, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
El procedimiento, publicado el 18 de junio de 2026 en la plataforma Compras MX, concentra en una sola licitación la demanda de vehículos del sector público con el objetivo de obtener mejores condiciones económicas mediante compras de gran volumen y reducir los costos administrativos que implicaría realizar procesos independientes para cada institución.
La convocatoria contempla una demanda mínima de 10 mil 422 vehículos y una máxima de 18 mil 217 unidades, distribuidas en 30 partidas que incluyen sedanes, camionetas tipo pick up y SUV, vehículos utilitarios, camiones de distintas capacidades, tractocamiones, motocicletas, autobuses, montacargas y unidades especializadas para labores de seguridad y transporte de carga.
De acuerdo con las bases de la licitación, la contratación tendrá una vigencia de 48 meses a partir de la emisión del fallo y será financiada con recursos de los ejercicios fiscales 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Entre las instituciones participantes se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, Banco del Bienestar, Petróleos Mexicanos, IMSS-Bienestar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Cancerología, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de decenas de organismos públicos.
Al concentrar la demanda en un solo procedimiento, el Gobierno fortalece su capacidad de negociación con los proveedores, favorece mejores condiciones comerciales y reduce los costos asociados a la preparación y administración de múltiples licitaciones. El esquema de arrendamiento también evita que las dependencias realicen inversiones para adquirir vehículos y traslada a las empresas adjudicadas responsabilidades relacionadas con su mantenimiento y disponibilidad operativa, lo que contribuye a una administración más eficiente de la flotilla.
La licitación registró una amplia participación del sector privado. Durante la presentación y apertura de proposiciones, celebrada el 10 de julio, se recibieron 11 ofertas de empresas especializadas en arrendamiento vehicular: A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte y una propuesta conjunta integrada por Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.
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La participación de once licitantes incrementa la competencia dentro del procedimiento y amplía las posibilidades de obtener mejores condiciones económicas y de servicio para las instituciones participantes.
El procedimiento se desarrolla bajo un plazo recortado. Tras la junta de aclaraciones realizada el 22 de junio y la recepción de propuestas el 10 de julio, el fallo se emitirá el 31 de julio, mientras que el inicio del contrato está previsto para el 28 de agosto de 2026.
El resultado de esta licitación será un referente para la estrategia de contrataciones consolidadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que busca extender este modelo a otros rubros como equipo de cómputo, servicios de limpieza y fumigación, papelería, medicamentos y equipo médico.
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