Jonathan Vargas Urbina, síndico hacendario suplente de Hugo Pérez Ramírez, denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) al ayuntamiento de Tepeapulco por no llamarlo para rendir protesta en el cargo tras las ausencias del propietario desde el pasado mes de marzo luego de que el Congreso de Hidalgo aprobará la procedencia de juicio político en su contra por supuestos actos de corrupción.
Los magistrados locales resolvieron que el cabildo ha sido omiso en llamarlo para tomar protesta en el cargo pues Pérez Ramírez no se ha presentado a las sesiones de cabildo del municipio desde el 29 de marzo pasado con lo que ya supera las tres faltas consecutivas permitidas.
Además, el Tribunal local determinó que hubo omisión por parte del ayuntamiento al no notificar al Congreso local de las ausencias de Hugo Pérez Ramírez, pues no se conoce el por qué ha dejado de asistir a desempeñar sus funciones.
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Por lo tanto, se ordenó al municipio llamar a Jonathan Vargas Urbina para que asuma sus funciones como síndico hacendario y notificar al Congreso del Estado sobre las ausencias de Hugo Pérez Ramírez para que analice y determine si se le suspende o revoca del cargo.
El pasado mes de marzo, el Congreso de Hidalgo aprobó la procedencia de juicio político contra el síndico Hugo Pérez, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) deberá deslindar responsabilidades sobre las acusaciones que se le hicieron por supuestos actos de corrupción.
Los legisladores aprobaron dar continuidad al proceso contra el funcionario municipal, proponiendo también un periodo de inhabilitación por seis años para desempeñar cualquier cargo público.
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Las acusaciones que se le imputan al funcionario municipal son posibles actos de corrupción por presuntamente haber recibido más dinero del considerado como pago en la regularización de comercios en el mercado municipal.
Dentro de la misma sesión, los magistrados locales resolvieron el juicio de dos delegadas del municipio de Mineral del Monte quienes señalaron la omisión del ayuntamiento de retribuirles su pago, por lo que el Tribunal solicitó cumplir con la retribución económica en favor de Gabriela González Aldana y Nataly Solís Ordaz.
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