Advirtieron diputadas y diputados de las fracciones de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que para los opositores de la votación en contra de la Reforma Eléctrica es su “muerte política”, luego de que no se logró justificar su postura en contra de devolver la rectoría de la industria eléctrica al país.
En legislador Otoniel García Montiel, del distro de Ixmiquilpan, señaló que aunque la votación al interior de San Lázaro tuviera resultados adversos, este lunes llegará la Reforma la Ley Minera que data de 1992 y que permitirá proteger la explotación del litio, el cual estará a cargo del Gobierno Federal.
Tras una jornada de discusión en el Pleno de San Lázaro, los y las diputadas por Hidalgo que integran el bloque opositor de Va por Hidalgo, (5 del PRI y 1 del PRD) destacaron que la defensa fue por la ciudadanía.
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Sin embargo, como bancada se fijó la postura de que el próximo 5 de junio se verán en las urnas, pues auguran que la población cobrará las imposiciones que pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y auguraron que en los próximos comicios a la gubernatura, incluido Hidalgo serán ganados por la coalición, pues Morena perderá al menos cuarto.
La iniciativa de ley que fue presentada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2021, pero este abril de 2022 fueron incluidos nueve de los doce puntos enviados por diputados y diputadas de la coalición de Va por México consideró modificaciones a los artículos 25, 27 y 28, que además de buscar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produzca el 56 por ciento el total de la energía eléctrica en el país, también se proponía crear una empresa paraestatal para la exploración, procesamiento y comercialización del litio en el país.
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Y es que justamente en este último punto es en el que si coincidieron ambas bancadas, pero como lo advirtió el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, quien les recordó que durante la aprobación del presupuesto no les permitieron aceptar modificar el presupuesto para destinar recursos para recuperar programas sociales ya desaparecidos, por lo que era momento de pasarles las facturas a los morenistas.
En una discusión que terminó como un revanchismo político la determinación de no aprobar la Reforma Eléctrica, se centro en un discurso nacionalistas, pero también de apertura a la industria limpia que lideran las empresas extranjeras. Aunque se destacó que los privados sólo producen electricidad sin contaminantes en un 17 por ciento.
Actualmente la industria eléctrica está provista en un 60 por ciento de particulares, y la meta era que CFE produzca el 56 por ciento para conservar la rectoría y en consecuencia los precios al consumidor.
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