Integrantes del Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia quienes protestaron por la operación del relleno sanitario a cargo de la empresa Esmex, ingresaron al Congreso del Estado una petición de juicio político en contra del presidente de este municipio, Lorenzo Agustín Hernández Olguín y parte de su asamblea.
La denuncia será estudiada en la Comisión Instructora del Poder Legislativo, informó el diputado presidente de la mesa directiva del mes de julio, Edgar Hernández Dañú.
Los promoventes Jesús Eduardo García Pérez, Juan Valente Hernández Chávez, Josselin Alondra Martínez, Oscar Martínez Cervantes, Carolina García Reyes, Reina Hernández Obregón, entre otros, también solicitaron que se inicie el procedimiento en contra del secretario general Jorge Ramírez Pérez, así como de la síndica Viridiana Cerón Solís.
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Jesús Eduardo García Pérez es uno de los activistas miembro del colectivo que se opone a la operación del relleno sanitario en Atitalaquia, el cual fue clausurado el pasado mes de junio luego del ataque armado en contra de los activistas que protestaban en el acceso a las instalaciones del relleno y que cobró la vida de Jesús Bañuelos Acevedo.
También solicitan se inicie el proceso de juicio político en contra de los integrantes del cabildo, los regidores Humberto Hernández Hernández, Leticia Montoya González, Jhony Neri Álvarez, Montserrat Eli Lienzo Rivera, Blas Pérez Lara y Rosario López Villedas.
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La inconformidad contra el relleno sanitario es por presuntamente no contar con los permisos ambientales para poder operar y la emisión de contaminantes tanto al suelo, al aire y el agua, afectando la salud de los habitantes.
El Comité de Defensa Ambiental señala como responsables a los integrantes del ayuntamiento por su omisión en su facultad de otorgar protección, conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Además, refirieron que contrario a lo que alegaron los funcionarios, la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo refiere que los municipios pueden clausurar temporal, parcial, o total las instalaciones en las que se desarrollen actividades que generen riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de contaminación.
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