En 1982 Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, propuso “el cambio”. Se perfilaba a obtener la Presidencia del gobierno español. Sería la consolidación de la democracia instaurada con la Constitución de 1978, después de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la reinstauración de la monarquía, sucesivamente. Un largo periodo.
Cuestionado el candidato sobre el significado de ese “cambio” prometido por los socialistas, respondió con una definición pragmática, recordaría dos décadas después el periodista Juan Luis Cebrián. Contestó el joven abogado laboralista, nacido en Sevilla: el cambio es que España funcione. (Felipe González/Juan Luis Cebrián, el futuro no es lo que era, una conversación. Aguilar,2001).
Así de sencillo, así de complejo, pudo haberlo imaginado quien gobernaría España durante los siguientes catorce años. Quizá con la emoción de reinstalar a su partido en el gobierno después de más de cuatro décadas, sintetizó la expectativa en el funcionamiento de la totalidad de componentes del Estado, su armonización y buenos resultados.
En el lado perdedor el sentimiento debió ser otro. Muy probablemente también apuntaba a un cambio: eliminar los disuasivos del éxito electoral.
Esa referencia ejemplifica la esencia de una alternancia política: el cambio determinado por el electorado. Si no se produce, la alternancia quedará en el resultado de la votación. No más.
Para materializarla, la alternancia requiere definiciones ideológicas y estrategia programática. Debe sentirse en la forma y efectos del acto de gobierno, impactar en todo el espectro de la vida pública mediante las correas de comunicación establecidas desde el poder.
No vale hacerla superficial ni cosmética. Sus efectos propositivos serán motores para motivar y permear el cambio hasta instituciones, colectivos y personas. Entre las primeras, sin duda, el Congreso del estado. En automático pasaremos de un gobierno dividido a otro donde la legislatura será de igual signo político al ejecutivo y la minoría asumirá la oposición parlamentaria. Obligado será una agenda legislativa congruente al proyecto gubernamental.
Otra circunstancia: la interacción con las administraciones públicas, federal y municipales. La lógica sugiere una permanente y fluida coordinación con la primera. Con las locales dependerá del proyecto, las condiciones y los equilibrios municipales. Esa agenda apunta a la seguridad., como prioridad en el corto plazo. En ese rubro está la integración con la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el espacio partidario vendrá la modificación en el estado de cosas: la hoy oposición hará gobierno y esa posición la ocupará la más añeja fuerza política, solo opositora durante dieciséis años -en casi un siglo-, a la Federación, los ayuntamientos con alternancia, y en la minoritaria bancada legislativa durante las dos recientes legislaturas. Ese cambio de perspectiva debe elevar el precario debate político.
Instituciones autónomas, organizaciones civiles y medios de comunicación tienen la coyuntura para construir un discurso innovador, pertinente a la decisión histórica, a la altura de la ciudadanía electora.
Si bien la alternancia tendrá su eje primordial en el ejercicio del poder Ejecutivo, puede ser ola expansiva, activismo impulsor para renovar la identidad hidalguense. La repetitiva descalificación del pasado no abona. La revisión sirve si es profunda, seria y constructiva. Riesgo es reeditar la historia. Reto, hacer funcionar y mejor a Hidalgo.