Durante los últimos días, miles de mexicanos han perdido la vida o su patrimonio debido a las inundaciones que han tenido verificativo en distintas Entidades Federativas de nuestro país. Ante la gravedad de tales acontecimientos, vale la pena realizar un ejercicio de recapitulación en torno a los espacios de oportunidad que se vislumbran en materia de formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a prevenir y mitigar las afectaciones provocadas por dichos fenómenos.
Según datos del CENAPRED, entre 1990 y 2014 las inundaciones se ubicaron como el fenómeno natural más frecuente en nuestro país (25%) seguido de las tormentas, al tiempo de encabezar el índice de mortalidad provocada por fenómenos naturales, contribuyendo con el 11% de las pérdidas económicas que derivan de tales circunstancias.
En ese contexto, también es de suma relevancia advertir las implicaciones derivadas del recientemente publicado reporte de la ONU sobre cambio climático, el cual indica que conforme siga aumentando la temperatura global, también irán aumentando las inundaciones. En ese sentido, se espera que nuestro país se posicione en una situación de marcada vulnerabilidad ante tales fenómenos, particularmente en zonas costeras y en regiones especialmente propensas a las inundaciones.
Por tanto, nuestras autoridades habrían de replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para el manejo integral de inundaciones, con la participación del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, partiendo de la prevención como eje fundamental. Lo anterior, garantizando la eficacia de las herramientas de alerta dirigidas a la población, sumado la puesta en práctica de nuevos protocolos de movilización oportuna de recursos humanos y materiales.
Incluso cobra especial relevancia el fortalecimiento de los esquemas de inversión en infraestructura hidráulica para la captación, almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales en comunidades con índices de precipitación alta o moderada. Esto incidiría favorablemente en la reducción de los niveles de riesgo por inundación en regiones particularmente proclives a tales fenómenos.
También se vislumbra la oportunidad coyuntural de optimizar ciertos tramos de la estrategia de atención a damnificados. Esto, por ejemplo, mediante la articulación de padrones especiales que permitan identificar y focalizar los esfuerzos de atención y apoyo en beneficio de las familias afectadas, así como la implementación de programas emergentes para el otorgamiento de créditos destinados a la reparación y reconstrucción de viviendas y comercios, canalizando recursos de manera inmediata en las mejores condiciones de mercado.
En tales circunstancias, legisladores y autoridades de los tres órdenes de gobierno habrán de encontrar la manera de generar una dinámica renovada de entendimiento, consenso y coordinación a efecto de plantear y posicionar una nueva política integral de prevención, mitigación y atención de las inundaciones con visión transversal. Lo anterior, con la premisa fundamental de velar por el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado Mexicano para salvaguardar la vida y la propiedad de millones de mexicanos.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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