Un juez federal del Penal del Altiplano ordenó las aprehensiones de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de supuestos desvíos por casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación.
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y su esposo?
La acusación del Ministerio Público refiere que Inés Gómez Mont y su esposo estarían relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.
El mandamiento fue otorgado por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
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Funcionarios federales señalaron que auditorías realizadas a la Secretaría de Gobernación revelaron que la institución entregó los recursos a través de contratos que fueron otorgados a empresas dedicadas a realizar facturas por servicios o productos no entregados.
Supuestamente el despacho de Víctor Manuel Álvarez Puga sirvió de enlace para que los recursos se transfirieran a las empresas fachada e Inés Gómez Mont habría incurrido en defraudación fiscal también relacionada con las actividades de su cónyuge, sumando alrededor de 14 millones de pesos en adeudos fiscales.
Los cargos imputados no permiten la libertad bajo fianza, por lo que en caso de ser detenidos enfrentarán prisión preventiva oficiosa.
Los problemas legales de Álvarez Puga no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas de su despacho Álvarez Puga y Asociados.
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En el caso de Inés Gómez Mont, desde el 30 de noviembre de 2018, el último día del sexenio pasado, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el que la conductora de televisión pagaría 10 millones 967 mil 907 pesos por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios, a cambio de que fuera archivada una investigación de la SEIDO que fue abierta en su contra por una denuncia de defraudación fiscal.
Pero en la cláusula cuarta del documento, se pactó que este acuerdo sería válido hasta que fuera aprobado por la FGR y, ya con el nuevo gobierno, el 16 de enero de 2019 la FGR rechazó la oferta de Gómez Mont y lo calificó de “desproporcional”, porque no había resarcido otra cantidad por 2 millones 604 mil 537 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
La Jornada
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