Gerardo Sosa Castelán

Niegan amparo a Gerardo Sosa; seguirá juicio por delincuencia organizada

El proceso penal contra Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), continuará en etapa de juicio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que un tribunal federal negó el amparo con el que buscaba mantener el sobreseimiento parcial decretado en 2024.

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El Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió por unanimidad el amparo en revisión 17/2026 durante su sesión del 1 de octubre. Con ello confirmó la sentencia recurrida, negó la protección de la justicia federal a Sosa Castelán y declaró sin materia el recurso de revisión adhesiva.

La determinación no implica una sentencia condenatoria ni una nueva acusación. Su efecto es permitir que continúe el procedimiento penal y que los señalamientos de la Fiscalía sean discutidos ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

¿Por qué Gerardo Sosa Castelán deberá enfrentar juicio?

El punto central de la controversia fue determinar si el juez de control Gregorio Salazar Hernández tenía facultades para decretar el sobreseimiento parcial de los cargos cuando la causa ya había avanzado a la etapa de juicio.

La magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín, encargada de la ponencia, sostuvo que el juez ya no tenía competencia para resolver la petición de sobreseimiento debido a la etapa procesal en la que se encontraba el expediente.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. En la sesión también participaron los magistrados Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Yolanda Guerrero Vázquez.

El sobreseimiento de 2024 que abrió una nueva disputa judicial

El antecedente se remonta a septiembre de 2024, cuando Salazar Hernández decretó el sobreseimiento parcial de los delitos imputados a Sosa Castelán dentro de la causa penal 263/2020.

Sin embargo, el 27 de marzo de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó esa decisión al considerar que el juez había actuado fuera de sus facultades, pues el procedimiento ya estaba en etapa de juicio. El tribunal dispuso que el caso continuara ante un Tribunal de Enjuiciamiento y restableció las medidas cautelares.

Sosa Castelán combatió esa resolución mediante un juicio de amparo. La controversia llegó finalmente al amparo en revisión 17/2026, resuelto el pasado 1 de octubre.

¿De qué acusa la FGR a Gerardo Sosa Castelán?

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) gira en torno a movimientos financieros por aproximadamente 58 millones 245 mil 948 pesos, realizados entre 2011 y 2018.

Según la acusación, la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. habría recibido recursos que posteriormente fueron movilizados en operaciones que la Fiscalía atribuye a un esquema en beneficio de Sosa Castelán, familiares y personas de su entorno.

Estas operaciones forman parte de la acusación del Ministerio Público y su eventual carácter ilícito, así como la responsabilidad de las personas imputadas, tendrán que acreditarse durante el proceso judicial.

El caso contra Sosa Castelán se encuentra abierto desde 2020, año en que fue detenido. La resolución del 1 de octubre permite que el procedimiento siga su curso ante el tribunal encargado del juicio.

Caso de Ana Carmen S. avanza por separado en Argentina

La resolución ocurre días después de conocerse la detención en Mendoza, Argentina, de Ana Carmen S.C., hija de Gerardo Sosa Castelán, quien también está relacionada con la causa penal 263/2020.

La FGR prepara la solicitud formal de extradición para que sea puesta a disposición de la justicia mexicana por acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Actualmente permanece bajo prisión domiciliaria mientras avanza el procedimiento correspondiente en Argentina.

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De acuerdo con información, la Fiscalía la señala como presunta beneficiaria de 16.6 millones de pesos dentro del esquema financiero investigado. Este procedimiento es independiente y las acusaciones tampoco constituyen una sentencia condenatoria.

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acf


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