Hay escándalos que no necesitan adorno. Se bastan solos.
El pasado viernes, el magistrado Raúl Arroyo González, titular de la Séptima Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), resolvió el Toca 19/2026. Y con esa resolución, no solo liberó a un hombre acusado de homicidio doloso: abonó con mucho a las dudas que el TSJEH tardará mucho tiempo en despejar.
El imputado: el controvertido exregidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, señalado como presunto responsable de la muerte de Enrique Castro Rodríguez.
Existen dictámenes del arma del político que muestran una relación balística que,según los peritos, no dejaba lugar a la ambigüedad. El magistrado Arroyo González consideró que nada de eso era suficiente, tampoco los testimoniales, ni las pruebas que aportó de manera inicial el ministerio público y que, se ampliarían en la investigación completaría, decidió revocar el auto de vinculación a proceso, anuló la prisión preventiva y ordenó la libertad del acusado.
Así, de un plumazo.
Pero aquí viene lo que no puede ignorarse, los intereses que existen detrás de una resolución judicial, por ejemplo, el hermano del imputado, Rubén Darío Ramírez Álvarez, ha fungido como representante legal del propio magistrado, además, Arroyo González, sustituyó al padre del acusado en su cargo dentro del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Una red de favores académicos, legales y personales que cualquier manual de ética judicial calificaría sin titubeos como causal de impedimento.
¿Se excusó el magistrado del caso? No.
¿Debió hacerlo? La jurisprudencia dice que sí, con todas sus letras.
La imparcialidad judicial no es un adorno de discurso de graduación, es la condición mínima para que el sistema judicial tenga sentido. Cuando un juez resuelve sobre alguien con quien tiene vínculos personales, familiares o profesionales, no importa si su criterio fue correcto o equivocado: la legitimidad de la decisión queda contaminada desde el origen. Y en este caso, las conexiones no son remotas ni especulativas, son concretas, documentadas, evidentes.
En Hidalgo, la justicia ya carga con suficiente desprestigio, no necesitaba de este expediente ni resoluciones a modo, en viernes por la noche, casi en lo obscurito.
El caso de Enrique Castro Rodríguez —la víctima, que en estas notas suele aparecer al final, casi como un trámite— merece que alguien haga la pregunta incómoda: ¿quién responde por él? ¿El sistema que debía protegerlo lo abandonó por lealtades que no tienen cabida en un tribunal?
Las instituciones se miden en los momentos difíciles y críticos. Este fue uno de ellos, y el TSJEH no estuvo a la altura.
El Consejo de la Judicatura tiene ahora una responsabilidad ineludible: revisar esta resolución, examinar los vínculos señalados y determinar si el magistrado Arroyo González, violó los principios de imparcialidad, independencia y confianza que su cargo exige. No para satisfacer a los medios. No para calmar el escándalo.
Sino porque hay una familia que espera justicia por la muerte de Enrique Castro Rodríguez. Y esa espera no debería prolongarse por razones que nada tienen que ver con el derecho. Independiente si se trata también de un presunto delincuente.
La toga y el compadrazgo no caben en el mismo cuarto.
De mi tintero… La sala Ciudad de México, confirmó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) que desechó la impugnación de Movimiento Ciudadano (MC) referente a las dietas mensuales de los 10 representantes de partidos políticos en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, (IEEH) y que cuestan al erario más de 6 millones de pesos, los abanderados de los organismos se quedaron sin su cobro mensual y la presidencia del IEEH sin el instrumento que les permitía manejarlos…Lamentable la actuación del subprocurador poniente Irám González Pérez, acusado de utilizar a la policía para intimidar al reportero Salomón Hernández, quien criticó el uso de programas sociales de su hermano el secretario de agricultura Napoleón González, al más puro estilo caciquil de los ochentas, la denuncia se iniciará en contra del funcionario y la mínima obligación es investigar si el funcionario está involucrado en este atentado y de ser responsable exigir su renuncia, no es la primera vez que recurre a la ilegalidad.
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