Integrantes de la comunidad indígena de Caxuxi, matadores, ganaderos, novilleros y aficionados taurinos realizaron este miércoles una manifestación pacífica que partió de la Plaza de Toros Vicente Segura hacia el Congreso del Estado de Hidalgo, en rechazo a la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la entidad.
La movilización reunió a representantes del sector taurino, quienes señalaron que esta actividad no solo forma parte de su identidad cultural, sino que también representa el sustento económico de miles de familias en distintas regiones del estado.
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El matador hidalguense Luis Eugenio Gallardo Hernández afirmó que la iniciativa impulsada en el Congreso carece de sustento legal y no ha cumplido con los procedimientos establecidos en la Constitución, particularmente en lo referente a la consulta a comunidades indígenas.
“Estamos ante una iniciativa que no ha cumplido los requisitos legales. El artículo segundo constitucional establece claramente la obligación de consultar a los pueblos indígenas, y eso no se ha realizado”, sostuvo.
El torero también cuestionó la falta de estudios de impacto económico y social, así como la ausencia de un plan para la reconversión de la actividad en caso de que se apruebe la prohibición.
“No hay un censo real de matadores, ganaderos ni trabajadores. Se habla del impacto laboral, pero no se presentan cifras ni alternativas. Son miles de empleos los que dependen de la tauromaquia”, señaló.
En ese sentido, advirtió que, de continuar el proceso sin cumplir con las disposiciones legales, los afectados podrían recurrir a instancias judiciales mediante amparos, lo que incluso podría derivar en la invalidación de la ley.
“Si no se realiza la consulta, como lo establece la Constitución y los criterios de la Suprema Corte, se puede invalidar la norma. Ya existen precedentes en Hidalgo”, indicó.
Gallardo también consideró que detrás de la iniciativa podría haber intereses políticos rumbo a procesos electorales futuros, al señalar que se trata de una propuesta sin trabajo legislativo ni de campo.
En cuanto a posibles modificaciones a la tauromaquia, como las corridas sin sangre, el matador aseguró que no son viables, incluso desde un punto de vista científico, al explicar que el toro de lidia genera mecanismos fisiológicos específicos durante la corrida.
Por su parte, el ganadero Heriberto Rodríguez Elizalde destacó que la tauromaquia forma parte de una cadena productiva amplia que incluye la crianza de ganado, el empleo rural y la conservación de ecosistemas.
Detalló que su ganadería, ubicada en el municipio de Apan, genera empleo para al menos 15 familias, mientras que otras en el estado pueden alcanzar hasta 150 trabajadores directos.
Asimismo, señaló que el toro de lidia es un ganado de doble propósito, ya que además del espectáculo, su carne se comercializa, lo que refuerza el impacto económico del sector.
“Es una industria regulada, lícita, que genera ingresos y empleos, además de contribuir a la conservación de miles de hectáreas de campo bravo en Hidalgo”, expresó.
Los representantes del sector indicaron que en la entidad existen alrededor de 45 ganaderías de toros de lidia, distribuidas en diversos municipios, con cerca de 500 festejos al año y una importante derrama económica.
Desde la comunidad de Caxuxi, Efraín Martínez Benítez explicó que la posible prohibición afectaría directamente a cerca de 4 mil habitantes que dependen de la actividad taurina, especialmente durante su feria patronal.
“Tenemos más de 90 años con esta tradición. La derrama económica que se genera se utiliza para obras comunitarias como banquetas, guarniciones y mejoras en el pueblo”, indicó.
Agregó que la organización de las corridas se realiza mediante comités comunitarios y que los recursos obtenidos se distribuyen entre las colonias para su desarrollo.
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Los manifestantes señalaron que, aunque acudieron entre 30 y 50 personas de Caxuxi, representan a un sector mucho más amplio que no pudo asistir debido a tratarse de un día laboral, pero que respalda la causa.
Asimismo, informaron que solicitarán formalmente al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Pueblos Indígenas, que se realice la consulta correspondiente conforme a la ley.
Los participantes insistieron en que no buscan confrontación ni afectaciones a terceros, sino que se respeten los procesos legales y se escuche a las comunidades involucradas antes de tomar una decisión.
No obstante, advirtieron que podrían continuar con movilizaciones en caso de que la iniciativa avance sin atender sus demandas.
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