El alcalde de Mineral de la Reforma, Lalo Medécigo, decidió que su cifra estrella en el primer informe sería el retiro de “mil toneladas” de desechos por labores de desazolve y limpieza. Redonda, sonora, contundente. El problema no es el número, sino todo lo que ese dato elude.
Primera pregunta: ¿a dónde fueron a parar esas mil toneladas? En un municipio con historial conflictivo en la disposición final de residuos, el silencio es revelador. Si no hubo confinamiento en un sitio autorizado, con manifiestos de entrega–recepción y trazabilidad básica, entonces no hablamos de solución, sino de traslado del problema. Sacarlo del cauce o de la calle para depositarlo sin control en otro lado no es gestión: es simulación.
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Segunda pregunta: ¿con qué se hizo? Las postales oficiales presumen retroexcavadoras y camiones, pero pocos en el ayuntamiento sostienen, sin rubor, que esa maquinaria sea patrimonio municipal. Entre rentas, préstamos y apoyos “temporales”, aflora la duda sobre la sostenibilidad: ¿qué pasará cuando se acaben los contratos o se retiren los refuerzos? Un servicio público que depende del favor ajeno es, por definición, frágil.
Tercera pregunta: ¿quién lo pagó? Porque una parte sustantiva de esas acciones se ejecutó con apoyo del Gobierno del Estado y de CAASIM. Coordinación necesaria, sí; pero en el informe ese respaldo se esfumó. El municipio capitaliza como propio lo que, en realidad, fue compartido. El mérito administrativo no es la foto con la pala, sino la capacidad de financiar, operar y mantener con recursos y personal propios.
Cuarta pregunta: ¿qué se limpió, exactamente? No es lo mismo lodo de desazolve que residuos sólidos urbanos, ni ramas de poda que escombro. Cada flujo exige ruta, tratamiento y evidencia. Sin bitácoras, sin volúmenes por sitio, sin clasificación mínima, la cifra se convierte en un comodín. Mil toneladas de “algo” sirven para la propaganda, no para la política pública.
Quinta pregunta: ¿y el día después? Desazolvar sin plan de mantenimiento es condenar a la repetición. Si no hay programa de limpieza programada, reposición de rejillas, control de tiraderos clandestinos, sanción a constructores que arrojan escombro y campañas de separación en origen, la próxima lluvia devolverá al municipio al mismo punto. O peor.
Conviene recordar que los informes no son un concurso de Excel. Son —o deberían ser— rendición de cuentas. Eso implica publicar contratos de arrendamiento de maquinaria, costos por hora–máquina, rutas de traslado, manifiestos ambientales, ubicación del confinamiento y, sobre todo, metas verificables a 6 y 12 meses. La administración que presume toneladas pero oculta papeles confirma que no tiene política, sino coyuntura.
Hay además un ángulo que el discurso oficial prefiere evitar: transparencia y legalidad ambiental. En Hidalgo ya sabemos cuánto cuestan los “ahorros” mal entendidos en materia de residuos. El estándar mínimo exige evidencias de manejo adecuado; el estándar deseable, fortalecer capacidades propias para no depender de terceros. Hoy no hay ni lo uno ni lo otro.
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Al final, las mil toneladas pesan menos por lo que significan que por lo que ocultan: un municipio sin infraestructura suficiente, sin inventario confiable de equipos, sin protocolos públicos de operación y con una alarmante propensión a inflar cifras y adelgazar explicaciones. El relato épico del lodo removido no suple la ausencia de obra propia ni de resultados sostenibles.
Si el alcalde quiere convencer, no necesita más toneladas; necesita menos opacidad. Menos foto, más bitácora. Menos “gestión” prestada, más capacidad instalada. Menos discurso, más mantenimiento. Porque gobernar no es acumular montículos de desperdicio para la estadística; es evitar que vuelvan a aparecer. Y eso, hoy por hoy, Mineral de la Reforma no lo puede acreditar.
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