Con 25 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó la reforma al Poder Judicial local, por lo que ahora corresponderá a los 84 municipios votarla en sesiones de Cabildo, ya que se requiere la mitad más uno para que pueda publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y surta efectos para la elección de jueces y magistrados en 2027.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Mónica Reyes Martínez, manifestó que la elección de jueces y magistrados estatales por el pueblo “los obligará a actuar conforme a los intereses y necesidades de la sociedad, favoreciendo un sistema judicial que refleje de manera más directa los valores y principios democráticos”, se les otorgará una legitimidad directa; habrá mayor rendición de cuentas por estar “bajo el escrutinio constante de la ciudadanía”.
Claudia Lilia Luna Islas, recriminó que antes Morena pedía parlamento abierto para las iniciativas que se presentaban, pero para la reforma al Poder Judicial de Hidalgo no se pidió ni se hizo; además, no se calcula el costo que tendrá la elección, la liquidación que se le dé a los funcionarios cesados o que renuncien, no se estipuló sobre la paridad de género, entre otros aspectos, dejando al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) resolverlos.
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Por su parte Marco Mendoza Bustamante, reconoció que hace falta revisar la actuación de los operadores del sistema de Justicia; sin embargo, precisó que la reforma que fue aprobada “de ninguna manera, como ocurrió en lo federal, representa un avance en el sistema de justicia. Ni siquiera es una reforma judicial, es una reforma administrativa para tomar el control del Poder Judicial”.
Asimismo, puntualizó que debe revisarse el actuar del ministerio público, a la secretaría de seguridad pública, al primer respondiente que son las policías municipales, ya que no puede plantearse que la reforma votada va a mejorar el sistema de justicia si únicamente toca aspectos administrativos como la elección de juzgadores.
“Morena hoy le está mintiendo al pueblo, pues es falso que el pueblo va a elegir a sus juzgadores, es falso que esta iniciativa democratiza la elección de jueces y de funcionarios judiciales… no va a ser la gente quien elija, pues sin duda se desarrollará una votación dentro de un puñado que será la cúpula en el poder quien designe quiénes serán las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados.”
Por último, dijo que al no prever figuras de representación al interior de las casillas para cuidar la elección judicial, podrían darse casos de manipulación en los resultados.
Por su parte, Tania Meza Escorza, aseguró que ya no habrá jueces y magistrados a modo; además, se animó a los pueblos originarios a inscribirse para llevar justicia a sus pueblos y comunidades con perspectiva lingüística y cultural; además de que se buscó la inclusión de otros sectores, como la comunidad LGBT+.
Sin embargo, su postura fue refutada por Marco Mendoza, quien señaló que desde las listas de candidatos se benefician a allegados a Morena o al gobierno federal, tal es el caso de la hija de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, “que misteriosamente salió en la tómbola; ojalá que no ocupe un puesto en la elección popular judicial. Ojalá que el sobrino de Olga Sánchez Cordero no ocupe un puesto de elección popular. No se va a elegir por voto popular, es una simulación, es un grupo de privilegiados hijos y sobrinos de morenistas encumbrados”.
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En tanto, Carlos Alejandro Alcántara lamentó que la reforma no haya sido lo suficientemente analizada, pues se evidencia una clara violación en la división de poderes, no está clara la sustitución de instancias, se removerán jueces por mayoría de votos sin importar si es sesión del pleno o de la permanente; además del gasto exorbitante que representará, lo cual, dijo, podría destinarse a infraestructura carretera, educativa, de salud, entre otros.
“Hidalgo requiere otras cosas, otras inversiones antes de malgastar el dinero en elegir a jueces y magistrados. Sí es importante hacer una reforma, pero deberíamos haber estudiado más bien cómo eliminar la corrupción del Poder Judicial, cómo fortalecer a las policías municipales, cómo fortalecer a los ministerios públicos, pues en muchas ocasiones desde ahí empieza el problema”, sentenció.
Por último, Diana Rangel, aunque aseguró que la reforma no se trataba de una venganza, reconoció que está derivó de las decisiones jurisdiccionales en contra de proyectos insignia del gobierno federal pasado, tal fue el caso en 2022, cuando el Poder Judicial “impidió garantizar la soberanía eléctrica y la transición energética aprobada por el Legislativo. También les recuerdo que en 2023 la reforma electoral aprobada por el Legislativo fue vetada por los miembros de la Suprema Corte, extralimitando sus funciones”.
En ese sentido, reafirmó que en Morena “no olvidamos ni olvidaremos estos golpes directos al pueblo”, por lo que votarían a favor del dictamen.
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