El estado de Hidalgo actualmente cuenta con 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos) que albergan a 5 mil 418 personas privadas de la libertad (PPL); 510 son mujeres.
Sin embargo, varios de estos penales presentan problemas de sobrepoblación y déficit de custodios, lo que dificulta garantizar condiciones de gobernabilidad y una estancia digna para los internos.
Para abordar esta problemática, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPH), Salvador Cruz Neri, anunció la construcción de un nuevo penal en el Valle del Mezquital, con capacidad para 2 mil internos.
Este proyecto busca centralizar a las PPL de penales más pequeños, como los de Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Jacala y Huichapan, que actualmente operan en condiciones críticas.
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El nuevo centro contará con infraestructura moderna y niveles de seguridad adecuados, además de áreas específicas para actividades deportivas, médicas y educativas. Los recursos para esta obra provendrán de fondos federales y estatales, y se espera que el proyecto cumpla con normativas internacionales.
Asimismo, se informó sobre la construcción de tres nuevos módulos en los Ceresos de Pachuca, Tula y Tulancingo, con capacidad para 300 internos cada uno.
Además, se abrirán 100 vacantes para custodios, quienes recibirán un aumento salarial de 25% como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios.
En cuanto a las sanciones dentro de las cárceles, las autoridades reconocieron que la falta de espacios adecuados limita la aplicación de medidas disciplinarias, como el aislamiento o la reubicación de dormitorios. Este problema es particularmente grave en penales como el de Ixmiquilpan, donde la sobrepoblación supera el 100%.
Por último, se descartó la implementación de un programa de preliberación masiva, como el que se llevó a cabo en 2014, aunque se aseguró que cualquier medida en este sentido se realizará conforme a lo establecido por la ley.
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Durante la conferencia de prensa del gabinete de Seguridad, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Fernández Hasbun, informó que ya se ha avanzado 50% en la transición a Fiscalía, y destacó que las áreas operativas ya trabajan bajo este esquema.
Sin embargo, aún quedan pendientes temas administrativos, como la seguridad social, la nómina y la regularización de licencias de armas, que requieren mayor tiempo debido a su complejidad.
El objetivo es fortalecer la procuración de justicia en el estado, alineándose con los estándares nacionales e internacionales. Las autoridades aseguraron que se trabaja a buen ritmo y que en los próximos meses se presentarán avances significativos en este proceso.
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