La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) Rebeca Aladro Echeverría, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no tiene razón” por haber promovido la acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial publicada en mayo pasado.
Defendió el trabajo hecho en conjunto con el Congreso del Estado, pues los argumentos por los cuales se inicia esta acción sí están plasmados, no dentro de esta ley, pero si en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En junio pasado, la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso en contra de diferentes artículos de la citada ley al considerar que se vulnera el derecho humano de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, reserva de ley y supremacía constitucional.
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Lo anterior, ya que la norma regula conductas que serán consideradas como faltas administrativas cometidas por el personal del Poder Judicial de la entidad, así como las sanciones y el procedimiento aplicable.
No obstante, la Comisión refiere que se omitió clasificar las conductas en función de su gravedad, ni describe cuales serán consideras como graves o no graves.
“Solamente prevé qué autoridad o autoridades serán las competentes para recibir, investigar, sustanciar, resolver y ejecutar las faltas administrativas y sus respectivas sanciones, cometidas”, pero no específica cuáles conductas serán consideradas graves o no graves, o cómo se llevará a cabo esa clasificación.
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Ante ello, Aladro Echeverría comentó que contrario al argumento de la CNDH, la Ley Orgánica del Poder Judicial remite a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “la interpretación que se está dando no es la mejor, sin embargo, nosotros respetamos… pero vamos a hacer las consideraciones que nos permitan” agregó.
Finalmente aclaró que no han sido notificados al respecto pues a quienes se señala como responsables son al Poder Legislativo y al Ejecutivo estatal.
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