El mes pasado se publicó una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos para reconocer que las jornadas superiores a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, es una forma de explotación laboral y de trata de personas.
Esta ley ya contemplaba el delito de explotación laboral a los trabajos que se realicen en condiciones peligrosas o insalubres, pero al Congreso Federal el pareció una buena idea tipificar también las jornadas superiores a 8 horas (diurna), 7 horas (nocturna) y 7 horas y media (mixta). Aunque celebró el reconocimiento de esta forma de explotación laboral, lo cierto es que me frustra que sea de nuevo a través del derecho penal.
El 3 de junio, Luis F. Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hizo un hilo en su tuiter para explicar que probablemente uno de los factores que contribuyeron a la aplastante victoria de MORENA en las elecciones respondía a que este gobierno había priorizado mejorar el salario minimo y además, se trato de revertir algunas de las nocivas reformas laborales que dejo el Panismo, como la de outsourcing. Con ello quiero afirmar que si, para el gobierno federal una prioridad ha sido la clase obrera, pero el serlo no significa que se hayan elegido las mejores vías para lograrlo. Por ejemplo, en la congeladora se quedó la necesaria reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas. En contraste aunque en medios se ha manejado que ampliación del delito de explotación laboral es una victoria, la realidad es que es una propuesta de solución fácil y mediocre para el problema.
Para empezar, pone toda la responsabilidad en las personas trabajadoras para denunciar que están siendo víctimas de esta forma de trata, lo cual implica gastos y probablemente hasta quedarse sin empleo. Los procesos penales, que en la primera etapa se llevan con las Fiscalías, requieren de estar día tras día,varias horas en esos espacios para hacer presión y que la investigación no se paralice o se cierre. Sin recursos económicos y tiempo, pocas personas pueden lograr judicilizar un proceso. ¿Quienes si cuentan con los recursos y tiempo para defenderse en un proceso penal? Les empleadores, les dueñes de empresas, fábricas, etc. ¿Cómo se plantea lograr que estos factores no signifiquen mayor impunidad, corrupción y hasta represalias contra les trabajadores?
Aunado a lo anterior, tener el delito no implica un fortalecimiento en los programas y políticas publicas para lograr erradicar estás prácticas laborales que violan los derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Por qué no invertir en crear un rubro específico del presupuesto para continuar las inspecciones y auditorías a las empresas para asegurarse de las condiciones laborales? La realidad es que está chamba es la que podría tener mayor impacto en lograr el objetivo pero toma tiempo y eso no da la nota en el periódico.
Estoy muy harta de les legisladores mediocres y protagonistas que pululan por todo el país, cuyo legado será la criminalización, la injusticia y la impunidad.
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