Parece que ya vimos lo peor por la crisis hídrica que enfrentamos en Hidalgo, pero hay elementos como para pensar que la solución no está a la vuelta de la esquina.
Un dato relevante es el que dio la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada en marzo pasado. Según el ejercicio de consulta, sólo 39% de los hidalguenses mayores de edad consideran que disponen de un suministro de agua constante para satisfacer sus necesidades.
La cifra ya de por sí es alarmante en función de lo que significa respecto a la baja en la calidad de vida de los hidalguenses. Pero si la comparamos con la ENCIG de 2021, entonces el parámetro cobra otra dimensión, pues hace solo tres años el mismo indicador fue de 63 por ciento.
Al comparar las encuestas de 2021 y la de 2024, tenemos que la caída del suministro de agua constante fue de 38.09% en tan solo tres años, lo cual debería prender todas las alarmas posibles, no solo entre las autoridades, sino entre los habitantes de la entidad. Si el indicador cayó de esa manera en tres años, ¿qué nos espera la próxima década?
La drástica caída en el indicador en tan poco tiempo explica lo que sucede casi todos los días en territorio estatal. Tan solo esta semana que concluye se registraron dos manifestaciones por problemas relacionados con el suministro del agua.
El caso más reciente tuvo lugar en la zona del Altiplano, donde habitantes de Singuilucan mantuvieron un bloqueo carretero durante 24 horas para exigir a la Caasim suministro de agua potable.
El problema está relacionado con la toma de un pozo en Tepeapulco, donde un grupo de personas se manifestó en contra de que la Caasim perforara una nueva fuente de abastecimiento, aunque en realidad lo que hacía era rehabilitar el pozo
Los habitantes explicaron que su inconformidad se debe a que, según su versión, el nuevo pozo serviría para llevarse el agua de la región a la Ciudad de México y Pachuca, cuando en Tepeapulco sufren por la falta de abastecimiento. Y aunque la Caasim explicó mediante un comunicado que la versión era falsa, y que en realidad lo que hacía era la reposición del pozo Corralillos 1, los vecinos insistieron en mantener su protesta.
El agua es un derecho humano, consagrado no solo en la Constitución mexicana, sino que es una prerrogativa para cualquier persona por el simple hecho de haber nacido en la Tierra. Pero el cambio climático y el abandono de la infraestructura y la inversión pública en el sector hoy tienen seriamente amenazado el goce de ese derecho. Ante ese nuevo escenario, las autoridades tienen un reto sin precedentes, que las obliga a actuar con celeridad y creatividad. Por lo pronto, el gobierno que encabeza Julio Menchaca parece que tiene claro el sentido de urgencia del problema y ya sacó de la chequera mil 500 millones de pesos para frenar el deterioro de la red y para ampliar la oferta disponible, como sucedió con el pozo que hace unas semanas la Caasim echó a andar en la colonia Juan C. Doria de Pachuca.
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