Los ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron de la prisión del Campo Militar 1-A en la madrugada de este miércoles. Esta decisión se tomó después de que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo les otorgó el beneficio de la libertad condicional el pasado sábado.
Los militares fueron liberados a través de la puerta 3 del Campo Militar, que conecta con la avenida Conscripto. Su abogado, César Omar González, miembro del equipo de defensa, informó que la Juez Segundo de Distrito de Procesos en el estado de México notificó su liberación pasada la medianoche, cumpliendo así con la resolución que ordenó el cambio de medida cautelar y después de haber satisfecho los requisitos establecidos por el juzgado.
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“Los militares salieron de manera paulatina hacia las 3 de la mañana y en este momento deben estar con sus familias y listos para continuar enfrentando su proceso y demostrar su inocencia”, expresó González.
Para obtener la libertad, los militares tuvieron que pagar una garantía de 50 mil pesos impuesta por la jueza. Sin embargo, seguirán enfrentando el proceso penal por el delito de desaparición forzada y se les han impuesto una serie de medidas cautelares que no incluyen la privación de la libertad.
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Entre las medidas cautelares, se encuentra la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado de distrito los días uno y 16 de cada mes. También se les prohíbe salir del país y se les exige entregar su pasaporte original en caso de tenerlo. Además, tienen prohibido acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y se les impide comunicarse o acercarse a víctimas o testigos protegidos, siempre que esto no afecte su derecho de defensa.
Con estas condiciones, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz continuarán en libertad mientras enfrentan el proceso penal en su contra por el delito de desaparición forzada, un caso que ha mantenido la atención del país durante años.
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