La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), en su Informe del estado que guarda la solventación de las recomendaciones, observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, detalló que de octubre de 2022 a la fecha recuperó 2 millones 108 mil 295.50 pesos de 18 sujetos fiscalizados en diversas cuentas públicas.
De acuerdo con el documento, fueron recuperados montos efectivamente resarcidos mediante el reintegro de recursos a la Hacienda Pública del estado y municipios, de las entidades estatales, organismos autónomos, municipios y organismos descentralizados municipales; así como recuperaciones al patrimonio.
En el informe sobre el estado que guardan las observaciones realizadas a las cuentas públicas de 2017 a 2021, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue la que mayor monto comprobó al órgano fiscalizador, pues justificó 865 mil 564.64 pesos; la otrora Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) comprobó 213 mil 509.71; y Tula de Allende 192 mil 579.11.
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Asimismo, San Bartolo Tutotepec pudo comprobar 184 mil 046.81; la Universidad Politécnica de la Energía (UPE) 149 mil 600; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) 140 mil 341.30; el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Educativa (Inhife) 139 mil 945.52; Tepehuacán de Guerrero 105 mil 871.98; Lolotla 31 mil 815.41; Tezontepec de Aldama 22 mil 877.04; y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huichapan 19 mil 391.
En tanto, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) 13 mil 133.86; Acatlán 8 mil 747; el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) 6 mil 789; Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UIEH) 4 mil 277.43; Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) 4 mil 130.70; Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 3 mil 653.88; y Eloxochitlán 2 mil 021.11.
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No obstante, en los casos en los que los entes fiscalizados aún no comprueban el destino del recurso observado, los órganos internos de control, el área jurídica o la Secretaría de la Función Pública (SFP) llevan a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
Las causas que motivaron las observaciones fueron falta de documentación comprobatoria y justificativa; conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados; así como falta u omisión de documentación justificativa.
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