Al final de mi vida me he dado cuenta de que todos
nuestros problemas provienen de nuestra incapacidad
para utilizar un lenguaje claro y conciso.
Jean Paul Sartre.
La discusión sobre la reforma eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja varias inquietudes entre quienes, por una u otra razón, se interesaron en seguirla en tiempo real a través de JusticiaTV, el canal del Poder Judicial, o de los medios comerciales. Una, en la que conviene insistir pues no es novedosa, es la forma de comunicación que desde la autoridad surge para y hacia las y los justiciables. Lamentablemente quedó comprobado que no se logró, por el contrario, imperó la falta de conexión emisión – recepción.
El problema escala en la medida que el interés público aumenta en los asuntos que debe resolver la autoridad, lo que afortunadamente sucede con mayor frecuencia en abono de las prácticas que fortalecen un Estado democrático de derecho. En misma medida debe insistirse en nuevas vías y formas que desde la autoridad propicien y faciliten el acceso de la población al alcance de sus responsabilidades y toma de decisiones.
Vuelvo al ejemplo, explicado en forma detallada por Ana Laura Magaloni (Reforma 9-IV-22) con dos planteamientos que me resultan los más importantes. Para abrir boca, afirma la destacada jurista que es ilógico e incomprensible el proceso de toma de decisiones en el Pleno del máximo tribunal de la República, afirmación que funda en el método de aplicar las votaciones de las y los ministros hasta obtener ese triste resultado frente a sus oyentes.
Confirma lo anterior la diversidad de dudas sobre la votación final, de comunicadores, comentaristas, y hasta estudiosos que se vieron en dificultad para poder trasmitir con nitidez la esperada noticia. No faltó quien hubo de rectificar su primera reacción cuando en los siguientes minutos lo sucedido se fue aclarando. De la confusión inicial se desprendió la incomprensión de lo resuelto y esa percepción de un uso premeditado de la terminología para hacer materialmente inaccesible la información, con el fin de ocultar lo verdaderamente determinado.
Entendible que sea así para la ciudadanía normalmente alejada de los procedimientos y el lenguaje judicial, pero cuando a ese segmento se suman quienes sí tienen elementos mínimos para su comprensión, hay algo que no está funcionando de la mejor manera.
Ahí una posibilidad de mejora que incluye dos vías con un denominador común: la modernización en sede legislativa, de los procedimientos jurisdiccionales establecidos en las normas, caso concreto los aplicables a las resoluciones de la Suprema Corte y, vía reglamentaria la de las formalidades en sede judicial. El lenguaje claro es imprescindible en ambas.
El otro aspecto abordado por la doctora Magaloni es la trasmisión televisiva del debate. Las y los ministros, dice, no deberían deliberar frente a las cámaras de televisión, no lo ve como un ejercicio de rendición de cuentas sino una camisa de fuerza y ventana de vulnerabilidad pues la discusión técnica y aburrida solo confunde.
El problema no es la trasmisión televisiva sino en el tono y claridad empleados. La clave la señala al fin de su artículo la investigadora del CIDE, al diferenciar la redacción acuciosa de un documento y la deliberación oral trasmitida en vivo.
Pensemos en una polémica oral tan articulada como un documento técnicamente elaborado, mediante la cual puedan establecerse y analizarse los temas controvertidos. Entonces la sesión no aburriría, por el contrario, permitiría conocer conocimientos y capacidad de las y los intervinientes. Eso sí, sin límite de tiempo.
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