Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, acusó a su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de lavado de dinero y evasión de impuestos, en los que habría incurrido al adquirir al menos 16 terrenos, algunos a nueve centavos y otros a 29 centavos por metro cuadrado, y revenderlos hasta en 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.
Durante su conferencia de prensa semanal, Sansores San Román expuso que Moreno Cárdenas vivió un tiempo en la casa del empresario constructor Juan José Salazar, a quien otorgó la mayoría de los contratos de obra pública durante su administración, y que posteriormente recibió en donación 16 lotes que vendió a Moreno Cárdenas a los muy bajos precios mencionados.
Indicó que en esa área, localizada en el fraccionamiento Lomas del Castillo –uno de los más exclusivos de la capital de Campeche–, el líder nacional priísta construyó una mansión que Sansores San Román comparó con la casa blanca del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En 2019, cuando Alito Moreno buscó encabezar el PRI, su contendiente, el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, lo acusó ante la Fiscalía General de la República de falsear su declaración patrimonial.
Ruiz Ortiz afirmó que el ex gobernador campechano poseía una mansión con valor de 46 millones de pesos construida en dos años, en los cuales Moreno Cárdenas habría percibido 5 millones de pesos anuales.
La vivienda, de mil 900 metros cuadrados de construcción, se edificó sobre cinco de los 16 predios que Alejandro Moreno adquirió (según su versión) utilizando donaciones familiares y un crédito hipotecario.
Magistrado implicado
Layda Sansores mencionó que siguen las investigaciones en contra de Moreno Cárdenas por la compra irregular de 16 lotes y de 11 terrenos ubicados alrededor de su mansión, que habría adquirido con los sobrantes de su campaña electoral desde 2015.
Agregó que también se investiga a varios implicados, entre ellos Juan José Salazar, a quien se le donaron cuatro predios cercanos a su casa principal, que luego Alejandro Moreno vendió a su hermano Gabriel.
El notario encargado fue Carlos Felipe Ortega Pérez, hijo de Carlos Felipe Ortega Rubio, quien fue secretario de Gobierno, líder del Congreso local y durante la administración de Moreno Cárdenas (2015-2019), presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Lorenzo Chim/La Jornada
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