La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización del INE, afirmó que el desarrollo del voto electrónico en el país se ha topado con resistencias en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Sí, sí las hay (resistencias). Ha sido claro (en) los debates en el consejo general, las posturas de las distintas consejerías; no todos pensamos igual, no todos ni todas queremos avanzar en estos temas, pero me parece que la tecnología ha avanzado, que nos da certeza, seguridades y, además, la pandemia nos hizo adelantar 10 años porque tuvimos que cambiar (hacia) la tecnología para seguir garantizando la organización de los procesos electorales”, señaló.
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Al término de la inauguración de una exposición de nuevas tecnologías para el ejercicio del voto, recordó que la reciente reforma electoral, conocida como Plan B, incluye la integración de una comisión entre el INE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para impulsar el voto electrónico (uno de los escasos puntos en los que coinciden los partidos políticos).
La consejera Humphrey ponderó las ventajas de estos mecanismos que permitirían conocer los resultados el mismo día de la elección y, por tanto, detener el alud de impugnaciones, pero también destacó que para avanzar se requiere generar confianza entre ciudadanos, contendientes y autoridades.
Puntualizó que si bien en las elecciones de este año habrá de nueva cuenta ejercicios o programas piloto, con la instalación de alrededor de 200 urnas electrónicas para los comicios en Coahuila y en el Estado de México, incluso con aparatos de mayor modernidad (urnas 7.0), todavía no se vislumbra un avance significativo para 2024, aun cuando estas pruebas se iniciaron en el país hace dos décadas.
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En el mejor de los casos, para los comicios del año entrante, serían instaladas menos de mil urnas electrónicas para un universo de 166 mil mesas receptoras del voto.
En la exposición fueron mostradas urnas ya utilizadas por el INE y por organismos locales, así como ofertas de empresas privadas para el voto remoto y presencial, así como artefactos para la identificación biométrica.
La Jornada
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