El vocero de los imputados en el caso Zimapán, Jesús Martínez Fariña, denunció públicamente la intervención de actores políticos federales en la causa penal 20-2022-00190 relativa al presunto abuso sexual contra dos menores en Hidalgo, entre ellos el senador Adán Augusto López Hernández, a quien señaló como uno de los operadores que buscan manipular el proceso judicial con fines electorales.
Martínez Fariña advirtió que el caso, derivado originalmente de un conflicto por la sucesión testamentaria entre hermanos de la familia Trejo Leal, ha sido distorsionado y utilizado como herramienta de presión política.
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“Se sabe que personajes morenistas de gran influencia en el primer círculo del gobierno federal han patrocinado a Aylén Trejo para respaldarla en la fabricación del asunto con la intención de incidir en la sucesión del gobernador Julio Menchaca en Hidalgo”, señaló el representante a través de un comunicado.
Martínez también evidenció a César Yáñez, subsecretario de Gobernación, de involucrarse en el caso. En concreto expresó que el funcionario federal organizó dos reuniones para abordar el caso “sin tener facultades para incidir en una investigación”
Martínez Fariña también criticó el uso de la conferencia matutina presidencial del pasado martes 10 de junio, donde una comunicadora identificada como Sandra Aguilera, de Larsa Comunicaciones, leyó un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que señaló sin reservas a los imputados como responsables de delitos graves, como trata de personas y pornografía infantil.
El vocero sostuvo que el mensaje fue redactado para sembrar una versión falsa de los hechos. Aguilera leyó una tarjeta preparada por operadores políticos, además de afirmar tener pruebas que jamás exhibió y se refirió a los acusados como culpables, pese a que el caso sigue abierto y con elementos exculpatorios contundentes en el expediente.
Asimismo, señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, avaló públicamente los dichos sin ningún fundamento jurídico, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y constituye una presión indebida sobre las autoridades judiciales de Hidalgo, agregó.
De acuerdo con Martínez Fariña, el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades desde su origen. Tras una denuncia presentada en junio de 2022 por Aylén Trejo Leal —hermana de los acusados y tía de las menores—, un juez local dictó en marzo de 2023 auto de no vinculación a proceso. La decisión fue ratificada en segunda instancia. Sin embargo, una jueza federal en Sinaloa concedió un amparo que reactivó el procedimiento.
Se está utilizando un caso sumamente delicado, que involucra a menores de edad, para dirimir conflictos familiares y ambiciones personales, describió.
Entre los señalados se encuentran Arturo Williams Trejo Leal, su esposa Bertha Eva Medina Hernández, la diputada local Alhelí Medina Hernández —cuñada del primero—, así como otros familiares. Todos han negado los hechos y, según el vocero, han colaborado con las autoridades desde el inicio.
Martínez Fariña concluyó con un llamado a que el caso se resuelva en tribunales, sin injerencias políticas ni mediáticas.
Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas judiciales en el caso, en una audiencia prevista para celebrarse en julio.
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