El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó hoy una serie de reformas a diversos ordenamientos internos en materia de integridad, mediante las cuales se podrán anular los títulos y certificados obtenidos mediante prácticas académicas deshonestas.
En el marco de la sesión ordinaria que realizó este jueves, el máximo órgano colegiado de decisión de la Universidad modificó o adicionó diversos artículos del Estatuto General de la UNAM, así como los reglamentos generales de Estudios Universitarios; de Exámenes; y del Sistema Bibliotecario y de Información.
De igual manera, cambió diversos artículos del Reglamento del Tribunal Universitario y el de la Comisión de Honor.
El director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, le presentó al CU un resumen de la iniciativa de reforma, la cual buscó “no tener un carácter punitivo”, pero sí actualizar sus normas para la sanción de las faltas de integridad académica “en todas sus variantes”.
Luego de recalcar que de las 40 instituciones de educación superior autónomas del país, ninguna contaba con atribuciones reglamentarias para castigar estas conductas, el funcionario indicó que las modificaciones propuestas incluían la “nulidad absoluta de certificados y títulos cuando no cumplan con todos los requisitos normativos”, la cual significaba una “laguna” jurídica que no se había atendido.
Con los cambios, dijo, se extienden las sanciones “para incluir a los graduados en todos sus alcances”.
Entre las modificaciones propuestas, señaló Contreras, se establece la obligación de los estudiantes de que, antes de titularse, suscriban una “protesta universitaria de integridad académica y profesional”, en la cual aceptan que, en caso de detectarse presuntas faltas en ese ámbito, se dejen sin efecto los exámenes de grado y títulos que se puedan obtener.
De igual forma, se menciona la responsabilidad de los maestros asesores si se identifican faltas al supervisar pruebas, exámenes y trabajos, “especialmente en la elaboración de tesis y artículos académicos”, y se indica la expulsión definitiva de los responsables de toda la UNAM, y no sólo de una facultad o escuela. Además, los directores de tesis podrán formar parte del jurado de examen profesional, pero no presidirlo.
Tras la exposición de las bases de la reforma y de diversas intervenciones sobre el tema, la propuesta fue aprobada de manera prácticamente unánime, pues sólo se registraron cuatro abstenciones y ningún sufragio en contra.
Al término de la votación, el rector Enrique Graue recalcó que aunque la “inmensa mayoría” de la comunidad universitaria “actúa de buena fe”, era indispensable tomar acciones para “prevenir e instruir” a estudiantes y maestros sobre posibles faltas.
Sin aludir explícitamente al caso de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, Graue Wiechers admitió que “pasó lo que pasó, y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales y lamentables circunstancias”.
El rector apuntó que las medidas sancionatorias deberán ir acompañadas de “acciones preventivas todavía más sólidas”, e indicó que la reforma aprobada se enviará ahora a las instancias de ética de la UNAM, al tiempo que subrayó que “estos tremendos problemas (de plagio e falta de integridad) son muy raros”.
Como se ha informado en este diario, la ministra Yasmín Esquivel fue señalada por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, con la cual obtuvo su título de abogada en la FES Aragón, de la UNAM.
Aunque el Comité de Integridad Ética y Científica de dicha escuela ya determinó que la tesis original no fue elaborada por Esquivel Mossa, sino por el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, la ministra ha negado su responsabilidad en los hechos.
La Jornada
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