El pasado 17 de octubre se cumplieron 72 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México y de su derecho a ser electas en procesos democráticos. A pesar de este avance, la paridad de género como principio constitucional es relativamente reciente. Como señaló Marta Lamas, “tener cuerpo de mujer no garantiza necesariamente los derechos de las mujeres”.
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Esto se refleja con claridad en algunos gobiernos, especialmente en los de corte conservador, como Aguascalientes, donde se han impulsado retrocesos en materia de derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto. Lo mismo ocurre en Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos ha declarado públicamente su postura “provida”, es decir, restrictiva de los derechos sexuales y reproductivos. Curiosamente, estas dos gobernadoras, junto con la de Tlaxcala, se encuentran entre los últimos lugares en cumplimiento del principio de paridad.
Estos datos forman parte del informe “México en Igualdad”, que presenta un panorama sobre los avances y rezagos en materia de igualdad de género en los gobiernos estatales y municipales. El informe destaca que el mayor progreso se ha dado en el Poder Legislativo, donde a nivel federal la representación femenina ha aumentado en 8%, y en 27 congresos locales ya se supera la paridad. Sin embargo, persisten desigualdades en espacios clave, como las Juntas de Coordinación Política, donde solo ocho congresos cuentan con una presidenta y no se cumple el principio de paridad en 67% de los casos.
En Hidalgo, pese a los anuncios oficiales, el principio de paridad no se ha cumplido plenamente. Además, la llegada de mujeres a cargos relevantes no ha representado cambios sustanciales: varias secretarías no muestran avances significativos ni estructurales, y las funcionarias no han demostrado con hechos que su presencia haya mejorado la vida cotidiana de las mujeres. Incluso en el ámbito legislativo no se han presentado iniciativas trascendentales; la mayoría son de carácter punitivo, sin una reflexión más profunda sobre políticas que impulsen la autonomía o la igualdad sustantiva.
En el terreno de las políticas públicas, tampoco se observan avances en temas como el acceso al aborto seguro, la autonomía económica o la protección integral de las mujeres.
En este sentido, es necesario que las mujeres que hoy forman parte del gabinete hidalguense y del Congreso local comprendan que el “tiempo de las mujeres” no se limita a su llegada a los cargos, sino a que su presencia contribuya a eliminar las brechas de desigualdad para todas, especialmente para aquellas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados.
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Los municipios y comunidades siguen siendo los espacios más olvidados en esta materia. Por ello, no basta con portar el pañuelo morado o repetir consignas institucionales: si no se cumple con resultados concretos, no se está siendo parte del cambio que Hidalgo necesita. Ser las primeras en ocupar un cargo no basta; se requiere compromiso real, no solo discursivo.
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