En la zona metropolitana de Pachuca y Tulancingo, la ciudadanía paga el precio de la negligencia de los servidores públicos, sufriendo una creciente ola de violencia y homicidios. Un caso reciente y desgarrador es el de Rosaura, una joven cuyo feminicidio, junto con el asesinato de sus padres y hermanos, destaca la ineficacia de las políticas de protección ciudadana.
El responsable, un policía previamente denunciado y luego liberado, exponiendo las fallas críticas en el sistema de justicia. Los mecanismos de protección para mujeres, los exámenes de control y confianza a policías, los cursos de concientización y las leyes estatales, fallaron en proteger a Rosaura y su familia.
Días antes del feminicidio, una amiga de Rosaura había denunciado la situación en las “Jornadas por la Paz”, dirigidas por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, pero su llamado de auxilio fue ignorado. La reacción oficial al multihomicidio fue igualmente desalentadora. Preguntado sobre el incidente, el secretario Olivares respondió fatalistamente que “se hubiera hecho algo, pero el hubiera no existe”.
Eduardo Medécigo, alcalde de Mineral de la Reforma, calificó el incidente como un “hecho aislado”, una respuesta típica que usan los políticos y que minimiza la gravedad y la frecuencia de estos crímenes.
La situación empeoró con el asesinato de los abuelos de nuestra compañera América Castillo, otra víctima de la violencia en el mismo municipio, apenas horas después de los asesinatos de la familia de Rosaura. La falta de una respuesta adecuada de las autoridades solo añade a la sensación de abandono que sienten muchos ciudadanos.
Mientras tanto, el poder judicial y la procuraduría se enredan en una espiral de acusaciones cruzadas, evidenciando una falta de coordinación y seriedad en el manejo de la justicia. Esta situación pide a gritos una solución similar al sistema VAR en el fútbol para verificar las acciones y palabras de los funcionarios responsables.
Este lamentable panorama refuerza la idea de que ocupar un puesto público no garantiza la capacidad para gobernar efectivamente ni para actuar con integridad. Ser un buen político requiere mucho más que alcanzar una posición de poder; exige compromiso real con la justicia y el bienestar de la población, una comprensión profunda de las necesidades de los ciudadanos, y una voluntad férrea para enfrentar las adversidades y corrupción inherentes al sistema.
La conclusión es inequívoca: todos los niveles del gobierno le fallaron a sus ciudadanos, y a pesar de la gravedad de los hechos, nadie ha asumido responsabilidades. No hay renuncias, ni destituciones, ni asunciones de culpa.
Quienes realmente están pagando el precio son las víctimas y sus familias, dejando a niños huérfanos y a familias destrozadas por la pérdida irreparable de sus seres queridos.
Este ciclo de violencia y negligencia gubernamental subraya una urgente necesidad de reforma y responsabilidad. Es imperativo que el gobierno de Hidalgo tome medidas concretas y efectivas para proteger a sus ciudadanos y asegurar que tragedias como la de Rosaura y su familia no se repitan.
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