La madrugada del 16 de diciembre del 2021 La Jornada Hidalgo reportó a través de un video en vivo la noticia de que había explotado un tanque de gas en el edificio T, de la entrada A.
El suceso aconteció en la Colonia Aquiles Serdán, de la capital hidalguense, narraba la voz del fotoperiodista Carlos Sevilla.
Externaba en el video la devastación en el edificio y cómo los vecinos habían salido asustados por el estruendo que había causado el estallido.
La explosión fue alrededor de las 6 de la mañana y mientras el edificio se encontraba vacío, todavía el tanque de gas permanecía en llamas y estaban en espera de la llegada del cuerpo de bomberos.
Las ventanas de los departamentos de ese edificio habían explotado, un vehículo que estaba aparcado resultó dañado.
El sonido de las ambulancias se colaba en el audio de este video que cumplió un año de haber sido transmitido.
Sin embargo, a 12 meses de que ocurriera este suceso las y los vecinos permanecen sin una solución respecto al patrimonio que perdieron, pues tuvieron que desalojar y dejar atrás su vida entre las paredes de ese lugar.
Autoridades de Obras Públicas de Pachuca llegaron a las 2 de la tarde del siguiente día encabezados por Rubén Escalante titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para hablar con los habitantes de este edificio.
En ese momento se les indicaba que el peritaje señalaba que el inmueble no presentaba un daño visible, ni estructural, realizado por especialistas que fueron llamados del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, así como de la Secretaría de Obras Públicas estatal.
Los vecinos podían tener acceso a su departamento y solamente podía subir una persona por departamento para ver que no tenía ningún daño asentamiento o irregularidad causada por la explosión.
A esa hora ya se sabía que la explosión en el departamento 402, lado A, había sido causada por acumulación de gas.
Ana Tovar, directora de Desarrollo Político de la presidencia municipal afirmaba que todo el respaldo para asesoría en temas legales se les otorgaría. Aunque desde ese momento ya adelantaba que no era un tema propiamente del ayuntamiento.
“Tendrá que haber un responsable por la reparación de daños si es que hubiera ya sea el cristal de una ventana u otro daño más que también ustedes tendrán que iniciar una carpeta de investigación para que legalmente tengan la responsabilidad de pagarles”, externaba.
El Ministerio Público había detenido a un presunto responsable y las autoridades correspondientes estaban determinando la situación jurídica, informaba la funcionaria municipal.
En ese momento las cerca de 20 familias, que en ese edificio vivían, no adivinaban el calvario que tendrían que pasar.
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La pesadilla para la familia Oliver aún no termina
Tras vivir 15 años en el edificio T, la familia Oliver fue retirada de su hogar desde el 16 de diciembre del año pasado.
Esto por los posibles riesgos a los que se expondrían si seguían habitando este lugar. La solución inmediata fue buscar el respaldo de otros familiares, quienes les apoyaron a resguardarse, algún tiempo, después tuvieron que comenzar a rentar.
Este nuevo gasto no lo tenían contemplado, pues durante años habían solventado el pago del departamento en el que ahora no podían vivir. Han sido momentos difíciles, afirma la familia.
Pero otros vecinos no han tenido la misma suerte de poder pagar una renta, así que han tenido que irse a trabajar al otro lado, otros más, se consideran “arrimados”.
Genaro Oliver Barrios dijo a La Jornada Hidalgo que el primer peritaje que les entregaron arrojaba que se iba a demoler el departamento siniestrado, el de abajo, que es en el que vivía con su familia y el último.
Pero no estaban conformes porque los otros departamentos del lado A, también presentaban daños. Así que se hizo otro peritaje y se determinó que todos, los cinco departamentos del lado del siniestrado se iban a demoler.
Un tercer peritaje arrojó que era un riesgo vivir en la entrada A. Este edificio cuenta con dos entradas, 10 departamentos de la entrada A y 10 de la entrada B, los cuales comparten muro entre uno y otro, de máximo 15 centímetros. Por lo cual también los departamentos del Lado B, cercanos al que hicieron explotar presentaban daños considerables.
Además, a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre el edificio empezó a presentar una inclinación hacia el lado izquierdo y un riesgo grave de colapsar.
Reconoce que se han tenido reuniones con Obras Públicas y con Protección Civil del municipio, pero también se han mantenido muy herméticos.
Ahora ya pidieron que se desaloje a las personas que están en el lado B, “pero ellos no quieren salirse hasta que no les den, y con justa razón, un lugar a donde llegar, ya se están viendo en el espejo de nosotros, que llevamos un año pagando rentas, otros con familiares”.
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La PGJEH integra una carpeta de investigación
Efectivamente es una carpeta de investigación que se está integrando, señaló el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo.
El funcionario dijo que todavía se busca un dictamen pericial respecto a la estructura que pueda corroborar o que pueda desvirtuar el que se tiene actualmente.
Afirmó que lo que se ha planteado es el aseguramiento del inmueble que incluye todos los departamentos para efecto de poder determinar y sobre todo proteger las vidas humanas que es lo que más interesa.
Nieto Castillo dijo que hay reuniones de trabajo con la presidencia municipal de Pachuca, así como con la Secretaría de Obras Públicas estatal.
El objetivo es que den una solución a esta problemática debido a que es un asunto no solamente desde la perspectiva jurídica penal sino desde la social que involucra las competencias de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dijo que están trabajando en el tema que les corresponde, que es la procuración de justicia y determinar las carpetas de investigación.
Por otra parte, el funcionario externó que hay una persona que se encuentra en prisión preventiva, quien había rentado el departamento en el que se dio el incidente.
El funcionario estatal dijo que a los tres días de iniciar el arrendamiento fue cuando se dio la explosión.
Santiago Nieto Castillo indicó que efectivamente el acusado se ha declarado como insolvente para responder a las familias.
De acuerdo con los primeros reportes, al parecer los dos individuos se encontraban en estado de ebriedad y bajo los influjos de enervantes, cuando decidieron hacer estallar un tanque de gas antes del amanecer.
Policías municipales capturaron a una persona identificada con las iniciales C. M. O de 34 años, quien estaba en el proceso de ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales, para que responda por el hecho registrado.
Héctor Chávez, quien es comerciante y todavía no termina de pagar su departamento, afirma que la afectación por este accidente fue económica, pero también emocional, pues la incertidumbre es grande.
Mencionó que por parte de las autoridades ha existido un abandono y han respondido con apatía. Reconoce que, aunque no hay la obligación de restituirles el patrimonio, el acercamiento y apoyo ha sido nulo.
Afirmó que la parte acusada no tiene intenciones de solucionar, debido a que se declaró como insolvente y no hay forma de conciliar con él. Dijo que les han informado que su pena en la cárcel sólo alcanzaría seis años y con buena conducta se reduciría a cuatro.
Cada departamento está valuado en 500 mil pesos aproximadamente, en total serían 10 millones de pesos que debería de resarcir, sin embargo, 20 familias en la calle, podrían no recibir la justicia que merecen, concluyó.
“La explosión nos levantó de la cama”
La explosión nos levantó de la cama. Eran poco antes de las 6 de la mañana cuando un estruendo sacudió el edificio, rompió ventanas y cimbró toda la cuadra. Momentos después, en el reflejo de los vidrios vecinos podían ver las llamas expedidas por el tanque de gas LP. Una acumulación de la sustancia había tumbado las paredes prearmadas del departamento 302, en el lado A del edificio T. El desastre comenzaba en la Aquiles Serdán. Uno de esos muros cayó sobre un auto compacto estacionado cotidianamente sobre la calle Atlantes. El dueño, asustado como todos los que salimos mostraba temor, incertidumbre, rabia y un sentimiento entripado de impotencia.
Al llegar los cuerpos de emergencia ya había amanecido. Podían notarse con claridad los daños al departamento, al edificio, al vehículo, a la acera y a nosotros. La vida de al menos 20 familias nos había cambiado por completo en un instante. Bomberos, elementos de Protección Civil, policías, vecinos y curiosos corrían sin saber qué hacer. Ya una palabra de consuelo o un abrazo dominaba el ambiente. Los pequeños en pijama, así como las madres y padres de familia sentados en la banqueta con la mirada atónita contemplaban el escenario.
El lado A quedaría asegurado por los evidentes deterioros. Los diez departamentos permanecen inhabitables por cuestiones de seguridad, ya que la vivienda con los mayores daños parecía que se caería muy pronto, a pesar de los polines que colocaron, y que hasta la fecha notoriamente no son suficientes para sostener las averías ocasionadas, presuntamente premeditadas, por un individuo de iniciales C. M. O. F., quien fuera estudiante de Medicina.
Esa tarde, los habitantes del lado B regresaríamos a casa. No así nuestros vecinos del lado A quienes, con pertenencias y algunos muebles, yacían en la banqueta esperando la ayuda que se sintió con los colonos organizados del fraccionamiento quienes montaron una carpa brindando agua, alimentos y consuelo, que fue de lo más preciado, además del apoyo moviendo pertenencias de un lugar a otro, incierto.
“No queremos ser arrimados, ni humillados, queremos una vivienda digna, no hicimos nada para merecer esto”, son las consignas que permean desde hace un año que sucedió el siniestro, 16 de diciembre del 2021.
Comienza el juicio. Audiencias, descarga de pruebas, testimonios, ida y vuelta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que, claro, significa una inversión: pasajes, comidas, tiempo y mucha paciencia. Todo lo anterior sin tener una vivienda fija para muchas y muchos. Los otros, “los afortunados”, aún vivimos en el lado B, ya con una invitación por parte de la PGJEH a desalojar por riesgo de colapso de toda la torre, sin mencionar el posible lugar donde caería, que podría ser en las casas frente al inmueble, a otro edificio, sobre peatones o en sí mismo.
Todo es una posibilidad, las familias se niegan a abandonarlo ya que no cuentan con garantías de nada. Ni apoyo estatal o municipal, pago del imputado, peritaje contundente, dictamen final. Ha resultado un deporte extremo vivir en el T.
Al llegar a un año es inevitable recordar esa mañana en la que la vida cambió para las más de 20 familias, las mismas que nos convertimos en víctimas, en espera de que se resuelva nuestra situación, que nos digan que no perdimos nuestro patrimonio, nuestro hogar.
Sí, necesitamos una esperanza, al menos para disfrutar tranquilamente un ponche caliente en el inicio de estas posadas. Tal vez para abrazar a mis vecinos y decirle a mi familia que estaré mejor. Sólo queda esperar y no pasar tan incierto este invierno ni el año venidero.
Información Martha de la Rosa y Carlos Sevilla Suárez
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