Hace unas semanas circuló en medios nacionales e internacionales el conflicto en Quintana Roo entre operadores de transporte público de pasajeros convencional y los de las unidades que operan bajo las plataformas digitales, Uber, a grado tal que el gobierno estadounidense lanzó una alerta a sus ciudadanos para que no viajaran a Cancún por esta causa, porque ya era causa de violencia.
Los operadores de taxis consideran al servicio por aplicación una competencia desleal que afecta la economía de miles de familias, por eso en Hidalgo en la anterior administración se aprobó una legislación que no contempla el servicio que ofrecen empresas trasnacionales y en su proceso fue consultada y consensuada con organizaciones, empresas y particulares del sector, lo que fue respaldado por legisladores de todas las fuerzas políticas.
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No fue fácil, en la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) se había realizado el primer ajuste de gabinete al llegar José Luis Guevara Muñoz en Lugar del morenista Rufino de León Tovar que había ocupado el mismo cargo en la Ciudad de México; el ejercicio resultó y la Ley de Movilidad y Transporte entró en vigor protegiendo no sólo al sector transporte público de pasajeros.
También transparentó la entrega de concesiones, hizo público el padrón de concesionarios y puso bases para la modernización, medidas hoy cobran doble valor porque al sobreseerse el amparo interpuesto por Uber en los tribunales, no solo da certeza a concesionarios y operadores también evita un grave conflicto social como el que sufre un destino turístico tan importante como Quintana Roo.
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Hidalgo se coinvierte en una de las dos entidades del país donde legalmente Uber y aplicaciones similares no pueden operar, porque también tienen el candado de no pagar impuestos, pero esto no quiere decir que no insistirán y, mientras este vigente la actual ley no podrán operar en Hidalgo y no estaría mal que se reconozca entre todas las negativas esta herencia positiva producto de una política pública de largo alcance.
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