Mientras el debate sobre la austeridad y la optimización de recursos públicos marca la agenda política en Hidalgo, la nómina de la presidencia municipal de Tulancingo revela una estructura de gastos que contradice los principios de contención económica.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la alcaldesa morenista Lorena García Cázares mantiene un equipo de confianza con remuneraciones que destacan frente al resto de la administración.
Chofer de alcaldesa de Tulancingo gana más que un asesor
El caso más significativo es el de Raymundo Juárez González, quien figura como chofer adscrito a la Secretaría Particular de la presidencia. Bajo este cargo, Juárez González percibe un sueldo bruto mensual de 28 mil 344 pesos con cargo directo al erario.
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Esta cifra resulta reveladora al contrastarse con los ingresos de la propia García Cázares, quien tiene una remuneración bruta de 50 mil 314 pesos. Esto significa que el sueldo del chofer representa, por sí solo, más del 56% de lo que gana la titular del Ejecutivo municipal; es decir, el costo por conducir el vehículo de la presidencia equivale a más de la mitad del salario oficial de la alcaldesa.
El desequilibrio salarial se acentúa al observar el área de asesoría. El chofer de la presidencia gana incluso más que el asesor directo de la alcaldesa, Eduardo Soto Ramírez, cuya remuneración bruta es de 23 mil 032 pesos. Es decir, el municipio destina 5 mil 312 pesos más al servicio de traslado que a la consultoría profesional de su oficina.
La transparencia oficial también arroja luz sobre la jerarquía de ingresos en el despacho de García Cázares. A su lado, en una posición clave, se encuentra su secretario particular —identificado como su concubino—, Fernando Vital Licona, quien ostenta un sueldo bruto de 36 mil 400 pesos mensuales.
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Asimismo, la estructura de apoyo incluye a Gyana Alexa Franco Castro, asistente privada de la presidencia adscrita a la Secretaría Particular, con un sueldo bruto de 15 mil 682 pesos mensuales.
Estos salarios se dan a conocer en un contexto donde Tulancingo ha sido señalado por la alta carga burocrática de su cabildo.
En el marco del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, que busca reducir el número de regidores para generar ahorros, los datos de la PNT sugieren que en la administración de García Cázares la política de austeridad aún no se refleja en los salarios del personal de apoyo y confianza.
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crs
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