No termina el drama para los pobladores de Tula que en septiembre pasado perdieron su patrimonio a causa de una inundación que lo arrasó todo: negocios, viviendas, escuelas, hospitales y puentes.
La tragedia continúa, pero ahora viene en forma de negligencia y burocracia gubernamental, pues de lidiar con la furia de la naturaleza los damnificados no solo sortean el oportunismo político y social de quienes se han beneficiado con esta desgracia, sino con la torpeza e incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes a casi siete meses de aquel desastre ni siquiera cuentan con un censo de afectaciones real.
Primero fue el gobierno municipal que gastó casi un millón 700 mil pesos en colchones podridos y con chinches, pero aun así fueron entregados a los damnificados, quienes en protesta los quemaron afuera de la Presidencia Municipal. La Gran Asamblea de damnificados de Tula confirmó a quien esto escribe que por lo menos 12 personas presentaron enfermedades en la piel como laceraciones y soriasis debido al mal estado de estos artículos.
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Además de los colchones podridos, los damnificados recibieron 10 mil pesos en efectivo, una estufa y un refrigerador, así como una base para cama pero de muy mala calidad, cortesía del gobierno federal.
Imposible omitir el grave error de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, que al realizar un censo de damnificados incluyó a personas que ni siquiera resultaron afectadas por las inundaciones, algunos eran vecinos de las zonas altas de Tula, otros más de clase media cuyo patrimonio jamás resultó afectado. ¿Torpeza o corrupción de Bienestar Hidalgo?, no se sabe, lo que sí está claro es que alguien más se llevó los apoyos que necesitaban los que realmente resultaron damnificados.
Del gobierno estatal acusan su tibieza para presionar al gobierno federal para que haga llegar apoyos y programas e iniciar con la reconstrucción de Tula de Allende.
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Ahora ha surgido un problema no menos grave, ya que vecinos que habitan sobre la calle Leandro Valle fueron advertidos por la Conagua que deberán desalojar sus casas, porque el suelo está completamente erosionado y corren el riesgo de hundirse, incluso, en caso de presentarse una nueva inundación podría abrirse un enorme socavón.
Por ello se anunció una obra para la ampliación y revestimiento del río Tula y evitar futuras inundaciones, lo que implica que al menos un centenar de casas y negocios ubicados en esa franja deberán ser desalojados, el problema es que la Conagua ni siquiera ha socializado la obra, lo cual fue confirmado por los afectados y por el propio presidente municipal, Manuel Hernández.
Por si algo faltaba, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa se reunió el pasado fin de semana con los afectados y adelantó algunos detalles sobre la obra, pero su intervención dejó más dudas que certezas, sobre todo por el futuro del patrimonio que aún conservan los desalojados.
El drama continúa y los damnificados ya no saben a quién recurrir.
@AlexGalvezQ
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