El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) se declaró incompetente para atender la demanda que promovieron representantes indígenas en contra de las reformas electorales del gobernador Julio Menchaca Salazar, y ordenó dar vista al Poder Judicial de la Federación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para lo que corresponda.
En sesión plenaria, los magistrados coincidieron que no es competencia electoral el análisis, estudio y resolución de juicios en contra de leyes que promovieron Arturo Copca Becerra y Saul Marín Lugo en su carácter de indígenas de Hidalgo, quienes señalaron la omisión legislativa de una consulta indígena para llevar a cabo estas modificaciones.
Anteriormente, el activista cultural y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Arturo Copca, dio a conocer que el motivo para interponer el recurso radica en la falta de consulta a este sector de la población respecto a la eliminación de consejos municipales.
Dentro de la misma sesión, los magistrados revocaron dos acuerdos de consulta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) por violaciones al debido proceso, y ordenó reponer el procedimiento, pero mediante resolución dictada por el Consejo General.
El primer caso corresponde al juicio promovido por la organización Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario, quien impugnó un acuerdo signado por las y los consejeros del Instituto por el cual se les negó una prórroga relacionada con el desarrollo de diversas asambleas que llevan a cabo como parte de los requisitos para conformarse en partido político local.
La magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga explicó que existió una violación al debido proceso pues quien tiene la atribución de dar contestación es el Consejo General y no una parcialidad del pleno.
En el mismo sentido se revocó un acuerdo por el que se da contestación a Erik Marte Rivera Villanueva, esto luego de solicitar al IEEH conocer los alcances de su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.
Dicha respuesta no fue sometida al pleno del Consejo General, incumpliendo con los principios de exhaustividad y certeza jurídica, pues no se abordaron los casos planteados por el actor, según argumentó el magistrado Leodegario Hernández Cortez, quien dijo que esta consulta tiene un impacto no solo en el promovente, sino en todas las personas inscritas en este registro nacional.
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