Uno es la realidad pura y dura: otra vez la humanidad frente al embate de la naturaleza; los otros dos son hasta hoy especulación, mañana también se materializarán. Aquello es la tragedia en vivo, de proporciones indeterminadas, desolación y un futuro incierto para miles de personas.
Pero Valencia, en España, también es la solidaridad social, generosa, superior por mucho a las capacidades de la burocracia en reacción, calidad de respuesta, capacidad de movilización, bien conocidas y reiteradas en nuestro país.
Urgente el control de daños, principalmente lo sanitario con todas sus implicaciones inmediatas: rescate de víctimas y cuerpos, limpieza de habitaciones y restablecimiento de vías de comunicación; a la par superar la crisis, resolver la sobrevivencia de la población afectada y, de inmediato, organizar la reconstrucción y diseñar las políticas públicas para asegurar la viabilidad de la convivencia digna.
Irremediablemente vendrá la complicación política a partir del reclamo de la ciudadanía española a las notables falencias gubernamentales, desde la prevención tardía hasta la ausencia de una respuesta inmediata, pasando por la presencia del Jefe del Estado en la zona cero con sus consecuencias a favor o en contra de la Corona, pero contrastante con el discurso y la actitud del Gobierno.
Será importante saber la reacción de México ante la magnitud del evento, los acercamientos gubernamental y social.
El otro foco internacional está ya en la elección presidencial de nuestro país vecino, por toda su carga de repercusiones para el mundo, independientemente de la posibilidad de una mujer por primera vez despachando en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
En palabras del canciller De la Fuente, no hay motivo de preocupación para México por el resultado del proceso electoral en los Estados Unidos, cualquiera que sea continuará la normalidad de la compleja relación bilateral. Allá está en el horizonte la amenaza de una crisis poselectoral por el rechazo al resultado. El antecedente es la invasión al Capitolio hace cuatro años.
El tercero es nacional: en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inicia mañana la discusión del proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas contra la Reforma Judicial, asunto trascendental para la República. De resolverse en la misma sesión, podría finalizar las tensiones acrecentadas con la reciente aprobación de la llamada Supremacía Constitucional, o bien acelerar la crisis en marcha.
Si bien el rumbo del debate está anunciado, incluido el sentido de la votación mayoritaria, importa mucho la argumentación a favor o en contra; será la prueba del ácido para cada ministra y ministro, marcará su paso por el tribunal constitucional como en ningún otro momento del Poder Judicial mexicano.
Prácticamente las opciones son dos: declarar inconstitucional o no la reforma, sea de manera parcial como lo propone el ministro ponente, o en su totalidad. Si la sentencia fuera de inconstitucionalidad, seguiría el acatamiento o el desacato de la resolución a cargo de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, del Instituto Nacional Electoral y de los poderes legislativos locales.
Otras consecuencias jurídicas previsibles provendrían del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organismos internacionales de los cuales nuestro país sea parte. Y, desde luego, las consecuencias derivadas de los acuerdos comerciales. Todo ello si sobreviniera el incumplimiento de la sentencia judicial.
Ese vuelco sería parteaguas constitucional del siglo XXI mexicano.