Tras la detención el pasado 25 de agosto del expresidente municipal de Progreso de Obregón, R.M. R. por el presunto delito de peculado agravado en agravio de la administración pública, ese mismo día el exalcalde de Mixquiahuala, Humberto Pacheco Miralrío, tramitó un amparo por la orden de aprehensión, comparecencia e imposición de medida cautelar de prisión preventiva que pudiera existir en su contra.
De acuerdo con el expediente 1456/2023, ingresado en el juzgado cuarto de distrito de Hidalgo, fue desechada la demanda respecto al acto reclamado de la posible imposición de la medida cautelar, toda vez que se advierte “de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la ley de amparo y 107 constitucional”.
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No obstante, le fue concedido el incidente de suspensión provisional respecto a los otros agravios, el cual surtirá efectos hasta que pague una garantía de 5 mil pesos. Con este incidente, las autoridades que busquen detenerlo deberán abstenerse de hacerlo en tanto no se resuelva en definitiva dicho amparo. La autoridad señalada es el Juez de Control del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, con sede en Mixquiahuala.
Cabe recordar que el edil, emanado del Partido del Trabajo (PT), en 2018 aseguró que en octubre de 2017 una cuenta bancaria de BBVA Bancomer del ayuntamiento fue hackeada y se sustrajeron 7 millones de pesos, que provenían del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fofin).
Según el exfuncionario, el dinero fue transferido a una cuenta del Banco Actinver, en la Ciudad de México, pero aún quedaban retenidos 3.2 millones, toda vez que Bancomer congeló la cuenta municipal.
Además, Pacheco Miralrío aseveró que el robo cibernético se dio cuando se realizaban transferencias a proveedores y hubo una falla en el suministro de luz; sin embargo, se dieron cuenta de la “desaparición” del recurso al día siguiente.
Aunque aseguró que había dos carpetas de investigación por dicha situación, nunca informó sobre el avance.
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En tanto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) informó que el municipio no justificó el destino de ese capital de 2017. No obstante, el exedil afirmó que había obtenido un dictamen de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el cual señalaba que la transferencia electrónica no cumplió con los lineamientos legales para esas transacciones, por lo que BBVA Bancomer estaba obligado a rembolsar el dinero.
Sin embargo, al concluir su mandato no se recuperó el dinero y Humberto Pacheco tramitó dos recursos de amparo que no fueron concedidos por diversas situaciones.
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