Versiones de trabajadores de la Subsecretaría de Protección Civil del estado revelan que la dependencia opera con fuertes carencias de personal, equipo, capacitación y recursos básicos para atender emergencias en Hidalgo. Aseguran que, pese a jornadas de hasta 18 horas, la estructura actual no garantiza una respuesta adecuada en caso de desastres mayores.
Los empleados señalan que gran parte de estas carencias se arrastran desde la administración anterior, durante el gobierno de Omar Fayad, periodo en el que —según refieren— no se renovó equipo, no se fortalecieron las plantillas operativas ni se impulsaron procesos de profesionalización. Afirman que la subsecretaría fue entregada con inventarios mínimos, vehículos deteriorados y una estructura insuficiente para coordinar a los municipios.
De acuerdo con estos testimonios, en la subsecretaría laboran 41 personas, pero solo una parte sale a campo: cinco son directores, diez están comisionados desde otras áreas y al menos cinco son personas mayores o con alguna enfermedad que les impide realizar trabajo operativo. En contraste, los operativos que salen a territorio son alrededor de 15.
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Equipo insuficiente y tecnología obsoleta elevan el riesgo
Las carencias inician desde lo básico. Trabajadores señalan que el equipo para emergencias es insuficiente o inadecuado: las botas para agua más pequeñas son del número siete y están guardadas en bodega, por lo que ante una inundación deben salir sin esa protección si la persona encargada de las llaves no está disponible. “Ese es el equipamiento que tenemos, no contamos con uno real”, resume uno de los empleados. También aseguran que, si quieren trabajar de manera adecuada, deben llevar su propia computadora; recientemente solo se entregaron seis equipos para las 41 personas de la subsecretaría.
En materia de capacitación, relatan que no existe un programa permanente. La última capacitación “fuerte” habría sido hace aproximadamente año y medio, consistente en un curso de cinco horas sobre primeros auxilios y búsqueda y rescate. Varios trabajadores han pagado de su bolsillo cursos y certificaciones externas para poder entrenar a otros compañeros y a unidades municipales en temas básicos como primeros auxilios, incendios y rescate, así como para impartir talleres en escuelas y dependencias. Incluso, materiales como vendas, gasas y “tinta para sangre” se solventan con recursos propios o con donaciones en especie de quienes reciben la capacitación.
Las limitaciones alcanzan también al parque vehicular. Según estas versiones, actualmente cuentan con unas cinco unidades para moverse en todo el estado, de las cuales tres las utilizan directores, por lo que en la práctica solo disponen de dos para trabajo de campo, y en condiciones descritas como “pésimas”. Además, la asignación de gasolina está sujeta a trámites y controles estrictos: deben documentar con fotografías el kilometraje de salida, llegada y regreso, y si hay diferencias mínimas, la respuesta puede ser el recorte del combustible. Relatan que en diciembre del año pasado todos los vehículos estuvieron un mes sin gasolina, por lo que un viaje a Tlanchinol tuvo que ser pagado con recursos del subsecretario. También señalan que, durante la reciente contingencia por lluvias, la gasolina se liberó hasta el día 13 y solo para ciertas unidades.
El personal insiste en que la subsecretaría, por diseño, debería ser un órgano coordinador y no operativo, encargado de articular la respuesta de los 84 municipios. Sin embargo, la falta de recursos humanos y materiales hace que los mismos trabajadores deban salir a campo, entregar insumos, dar capacitaciones, hacer visitas de inspección y, al mismo tiempo, atender tareas de comunicación o administrativas. Esto se combina con sueldos que, según refieren, en muchos casos rondan el nivel 8A de gobierno —equivalente a unos $8,736 pesos mensuales— pese a jornadas que pueden superar las 16 horas en emergencias.
A las carencias internas se suma la dificultad para coordinar con los municipios. Los trabajadores describen un escenario desigual: hay unidades municipales con 20 o 25 personas y equipo propio, pero también casos como Mineral del Chico, donde Protección Civil tendría solo tres elementos para atender el parque nacional y el municipio. Señalan además que en algunos ayuntamientos prevalecen criterios políticos o de amistad para designar a titulares de Protección Civil, lo que limita la profesionalización y la coordinación real con el estado.
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Sistemas de comunicación rebasados en un estado con zonas críticas
En cuanto a sistemas de información y prevención, explican que la comunicación con las unidades municipales se sostiene principalmente vía WhatsApp, sin una plataforma formal que concentre reportes, georreferencias o alertas. Existe, dicen, un proyecto de aplicación para que la población y las unidades técnicas puedan enviar reportes en tiempo real, pero no ha sido aprobado ni financiado, por lo que el desarrollo se ha intentado hacer “en tiempos muertos” y con recursos propios del personal.
Los trabajadores consideran que, para que Protección Civil funcione de manera adecuada, se requiere como prioridad más personal con plazas estables y salarios justos, capacitación continua y certificada, equipo completo (uniformes, botas, guantes, lámparas, radios, herramientas), vehículos en buen estado y sistemas de comunicación e información modernos, incluidos equipos satelitales para zonas sin señal. Mientras eso no ocurra, advierten, la respuesta ante emergencias seguirá dependiendo del esfuerzo individual de quienes “se ponen la playera”, pero sin los medios necesarios para prevenir y atender desastres en todo el estado.
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