En septiembre de 1988 el ayuntamiento del pequeño municipio de Tlanalapa en el altiplano hidalguense fue objeto de brutal ataque de un centenar de porros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) comandada por Agustín Sosa Castelán; que armados golpearon al presidente municipal y a policías para rescatar maquinaria retenida a empresa ligada al jefe de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) que incumplió con una obra por 365 millones de pesos.
El subdirector de la policía de Tulancingo que prestó armas oficiales y dirigió la operación Rafael Lobatón y Sandro Cruz, fueron detenidos por estos hechos y para lograr su liberación el Grupo Universidad presionó al gobierno de Adolfo Lugo Verduzco, secuestrando autobuses para exigir descuentos a estudiantes, pero el trasfondo era la impunidad para dos de sus leales.
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A 36 años de este pasaje, cuando al amparo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Gerardo Sosa Castelán tenía en su poder 15 municipios, dos diputaciones locales y decenas de leales incrustados en la estructura gubernamental, ahora busca extender sus tentáculos a esta municipalidad a través de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como en otra veintena de demarcaciones.
Aquí, donde la alternancia es normal e históricamente es el único municipio de Hidalgo que ha sido gobernado por un alcalde que llegó por la vía independiente, el Clan Universitario impulsa en Morena a Laura Ramírez de pasado priista mediante un juego nada limpio en contra de la Síndica Procuradora María del Pilar Domínguez que es la mejor posicionada seguida de Patricia Cruz entre las siete inscritas de acuerdo a los sondeos morenistas. Y como en todos los municipios donde inscribió aspirantes por Morena el clan de Gerardo Sosa Castelán, fiel a su naturaleza, tiene armado su Plan B, que es postular a sus leales por el Partido del Trabajo (PT) buscando dividir el voto en la elección constitucional para hacerle contrapesos al proyecto morenista estatal en un abierto reto.
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