Sin esperar efectos jurídicos, tampoco nos quedemos únicamente con los mediáticos. El contexto es una de las tres grandes tragedias que han asolado a las y los hidalguenses en los ciento cincuenta y dos años de existencia del estado de Hidalgo. La afirmación es del presidente de la República debido a los antecedentes y características de las inundaciones que este año afectaron a la región de Tula.
La muerte de pacientes en la clínica regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, producida por las afectaciones del agua a sus instalaciones y el hecho de que el caudal proviniera del desagüe de la Ciudad de México bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, obliga a voltear la mirada hacia el gobierno federal, lo cual, de la manera clara que utilizó el presidente para explicarlo, no lo hace culpable de los hechos en su carácter de titular del Poder Ejecutivo.
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A pregunta expresa, el presidente dirigió su respuesta al informe técnico de la CONAGUA. Hubiera sido suficiente, sin embargo no eludió lo que a su responsabilidad corresponde. Sin detallarla ni anunciar sus posibles alcances, la aceptó públicamente. Ahí la trascendencia de su expresión, especialmente cuando la destinataria principal es la población de una entidad federativa.
En un sistema federal – presidencialista, la voz del titular del Poder Ejecutivo es del mayor peso. Interpretaciones aparte, sus repercusiones pueden trascender a la historia e impactar de diversas maneras, positiva o negativamente, lo político, lo económico y lo social, afectar las relaciones Federación – entidad federativa, alterar los equilibrios regionales y tensar las condiciones nacionales. En los años recientes ha quedado más que probado.
A diferencia de otros mandatarios, en el estilo personal del presidente López Obrador no se privilegia su presencia física en los sitios de las afectaciones –regla tampoco general si recordamos su arribo a Tlahuelilpan en las horas siguientes a la tragedia de 2019-, lo cual puede gustar o no después de que él mismo lo ha explicado, marca así otra diferencia con las reacciones de sus antecesores ante casos similares.
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Para una persona tecnócrata, la respuesta apuntaría más a la información técnica que a emitir un mensaje social. En el ADN político del presidente funciona al revés: la prioridad está en reafirmar su liderazgo al confirmar responsabilidades. Advierte los efectos y calcula las reacciones. En el caso concreto, ante los cuestionamientos a la autoridad por las consecuencias del evento, subyace la condición federalista: hay un reparto de facultades y responsabilidades para cada orden de gobierno, igual que coordinación en determinadas materias. El presidente asumió lo que toca a la administración pública. En su ámbito de influencia eso tiene repercusiones. Nadie en la órbita federal puede quedar al margen de la afirmación presidencial. Se generará una buena repercusión para modular las prepotencias cotidianas desde el centro nacional. Hay implícita una acotación al poder.
Antes de iniciar su gobierno, el presidente López Obrador recibió del gobierno hidalguense el compromiso de la mejor colaboración. Así ha quedado acreditado en diferentes momentos, aún durante las tensiones generadas por una conflictiva relación inicial con la primera legislatura de oposición. Ello no ha evitado señalamientos puntuales del Ejecutivo local para resolver la problemática hidalguense acentuada por la pandemia y la crisis de Tula.
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