Sólo bajas por renuncia voluntaria en Gobierno de Hidalgo, señala oficial mayor

Las bajas en cargos de la administración estatal fueron renuncias voluntarias y no obligatorias, señaló Edgar Orlando Ángeles Pérez, Oficial Mayor del Gobierno de Hidalgo.

Quien sin dar cifra de cuántas renuncias se han recibido en este este inicio de la administración estatal, el funcionario estatal destacó que fue el personal que laboraba en las distintas dependencias quienes determinaron dejar el encargo público por decisión propia.

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“La gente determinó que ya no quiere trabajar en el Gobierno del Estado y todas fueron voluntarias por parte del personal”, aseguró sin referir qué tipo de cargos se dejaron y el porcentaje ya ocupado por parte del personal que llegó en esta nueva administración estatal.

Si bien, el exgobernador estatal, Omar Fayad Meneses, señaló que era normal que se les pidieran y entregaran las renuncias en cargos de confianza y que estas se entregarían desde septiembre pasado, hay que destacar que en el caso de los contratos por meses que tenían personal en áreas de mandos medios, sencillamente se optó por ya no renovarlos, y estas personas dejaron de laborar al finalizar septiembre, octubre y otros más en diciembre.

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Hasta el momento la Oficialía Mayor aún no informa cuántas personas dejaron de laborar en la administración estatal, cuántos cargos ya se ocuparon y cuántos siguen acéfalos.

En torno al tema del arrendamiento de automóviles que la administración estatal realizó por un monto de 117 millones 563 mil 691.94 pesos, Orlando Ángeles, oficial mayor destacó que se decidió ya no comprarlos sino rentarlos para evitar mayores gastos.

Indicó que se invierte una menor cantidad en mantenimiento anualmente y en seguros vehiculares, además del servicio. Sin embargo, no dio un comparativo en cuánto al ahorro que se tendrá.

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Sólo apunto que era mayor el monto de compra y mantenimiento.

En marzo de 2021 se dio la entrega de cerca de 300 patrullas tipo pick up y tipo de sedan a corporaciones policiacas y de procuración de justicia con recursos que provenían de fondos para la seguridad pública.