Ya son 10 meses desde que, en el Congreso del estado, se iniciaron procesos para designar titulares para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; sin resultados.
Ambas designaciones son muy contrastantes. Por un lado, en un ejercicio sin precedentes, las entrevistas de les candidates para Ombudsperson se transmitieron en el canal de Youtube y Facebook del Congreso. Esto permitió a la ciudadanía seguir este ejercicio que parecía ser una buena práctica de rendición de cuentas y transparencia. Sin embargo, en el caso de la Comisión Estatal de Víctimas no sucedió lo mismo. De hecho, ha sido tan oscuro ese proceso que solo sabemos los nombres de les candidates pero no el estatus del proceso.
Sigue leyendo: Sueldo de ombudsperson vacante es de 73 mil 776 pesos al mes
En el caso de la designación para Ombudsperson, pudimos observar la votación en el pleno que no siguió los principios de transparencia pues se optó por una votación secreta, en la cual el candidato a fin al gobierno actual, alcanzó 19 votos y no los 20 que exige la ley para poder ser nombrado como titular de esta dependencia.
Desde ese bochornoso momento el Congreso no se volvió a pronunciar. Se ha especulado se la posibilidad de declarar desierta la convocatoria porque ningune de les candidates cumplía con los requisitos para cubrir el puesto. Todo indica que el silencio legislativo corresponde al momento político que se vive en el estado, se atravesaron las elecciones y había muchos intereses de por medio.
También lee: La interminable defensa de los derechos humanos
Aquí las personas más afectadas e ignoradas, es la población hidalguense principalmente, las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Es cierto que esta legislatura ha trabajado en aprobar reformas que buscan proteger los derechos fundamentales, pero estos esfuerzos se difuminan ante su omisión de designar a los titulares de las dos instituciones rectoras en materia de derechos humanos en la entidad.
Honestamente, en lugar de estar presentando un sin fin de reformas al Código Penal, deberían estar atendiendo está situación. La protección de los derechos humanos y la reparación integral del daño a las víctimas no puede sujetarse a los enredos partidistas.