El gobierno municipal de Singuilucan anunció este miércoles el inicio de una serie de parálisis operativas en diversas áreas fundamentales para el funcionamiento del ayuntamiento, debido a un embargo ordenado por un laudo laboral pendiente desde 2016.
De acuerdo con un comunicado oficial, la situación se deriva de una demanda interpuesta por un grupo de ex trabajadores que exigen el pago de 21 millones de pesos por conceptos de sueldos caídos y otras prestaciones. La diligencia de embargo, realizada ayer martes, incluyó la solicitud de embargo de cuentas bancarias y diversos predios propiedad del municipio, algunos de los cuales son de uso y dominio público.
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Entre los servicios afectados se encuentran el abastecimiento y operación de los Centros de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario, que benefician a alumnos de nivel básico, así como la compra de diésel y gasolina indispensables para las unidades móviles que brindan traslados médicos a personas en situación de urgencia o atención especializada.
Asimismo, el servicio de recolección de basura se ha visto interrumpido, poniendo en riesgo la salubridad del municipio. Otros servicios básicos, como la atención al público, actividades administrativas, y el cumplimiento de compromisos con proveedores y contratistas, también han sido afectados por la medida.
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El martes 22 de abril, la presidenta de Singuilucan, Yazmín Dávila López, en rueda de prensa detalló que serán embargadas todas las cuentas del municipio, algunas escrituras, el terreno del nuevo panteón, terrenos destinados a áreas verdes, la plaza principal, el auditorio, la presidencia municipal.
La capilla de San Joaquín, la casa de salud del Susto, incluso dijo hasta una fosa séptica de la comunidad de Alfajayucan.
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