Para abrir boca la extensa explicación de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, sobre su funcionamiento y experiencia, innecesario preámbulo para decir lo importante: el INE desconoce las condiciones de la anunciada elección de juzgadoras y juzgadores; para organizarla conforme a la legislación aplicable requiere saber sus características; advierte temas importantes, concurrencia con otras elecciones, tiempos para efectuarla, campañas o no para solicitar el voto. Y, fundamental, dinero para hacerla.
Siguió lo medular. Voces calificadas, todas, a favor y en contra de la médula de la reforma judicial propuesta en su iniciativa por el presidente de la república: elegir por el voto directo a las y los depositarios del Poder Judicial, de las entidades federativas y federales.
Participan cuatro integrantes del Pleno de la Suprema Corte: los ministros Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El primero propone ajustes a la iniciativa y califica de insuficiente la gradualidad para resolver la sustitución. Su propuesta, novedosa, va en sentido de calificar en las urnas el trabajo de los actuales titulares para determinar su permanencia en el cargo.
El segundo reiteró su oposición a la vía electoral directa, señaló insuficiente el diagnóstico de la iniciativa, e incorrecta la destitución de las y los actuales servidores públicos judiciales, subrayó el valor de la carrera judicial y sostuvo en el cumplimiento del mandato la legitimación de sus decisiones.
Las ministras Yazmín Esquivel y Lenia Batres expresaron diferentes enfoques sobre la forma de elección. Tres propuestas hizo la primera: aplicar la revocación de mandato para calificar a las y los jueces; prioridad a quienes se desempeñen actualmente para participar en la elección y solo candidaturas femeninas en la de ministras.
La ministra Batres citó el trayecto constitucional para nombramientos en la Suprema Corte, insistió en los negativos del funcionamiento del máximo tribunal: exámenes cerrados, nepotismo en el escalafón, favoritismo a los poderes fácticos, entre otros; citó países donde ya se realiza la elección directa, Japón, Suiza y los Estados Unidos de América, para sustentar su propuesta de integrar tribunales mixtos con personas de la abogacía y otras sin esa profesión.
Interesantes intervenciones de la consultora Adriana García explicó experiencias negativas en los EE. UU. y Bolivia de las elecciones judiciales, inconvenientes y deslegitimación por escasa participación ciudadana. Igual del ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante y de Luis Enrique Pereda, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Ambos abordaron temas preocupantes, de riesgo alto para la impartición de justicia, de aprobarse la elección directa en los términos propuestos, principalmente la vulneración a la independencia judicial. Académico, Jaime Cárdenas Gracia, hizo la justificación racional de la iniciativa presidencial, matizó el proceso de elección y citó la similar del presidente norteamericano Biden.
Lo demás fueron argumentos vacuos y un tanteo de debate entre razones ideológicas del diputado Gerardo Fernández Noroña y técnicas de los ministros González Alcántara y Pardo Rebolledo.
Al final, como si del juego de Maratón se tratara, avanzó la ignorancia: un diputado cuestionó el gasto hecho por cada ministro de la parte proporcional correspondiente, resultante de dividir el presupuesto del Poder Judicial, entre 11; otro descalificó las resoluciones judiciales dictadas en sábado. Pura estridencia.
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