Intensa en demasía, de anuncios grandilocuentes como efímeros, y propósitos volátiles de tan contundentes; de debates parlamentarios y mediáticos, abundantes, de una abundancia generadora del desinterés, rayana en lo trivial hasta desaparecer la médula más preocupante.
Pero en esa intensidad también hubo una importante, muy importante – debe subrayarse -, dosis de conocimiento jurídico, derroche de estudio y análisis técnico. Fue la otra cara de la moneda. En términos musicales diríase: una variación sobre el mismo tema.
Allá fue la realidad pura y dura; en la otra orilla el despliegue teórico, la sapiencia de la cátedra y el resultado de la investigación. Menos mediática esta, más mesurada; solo igualmente apasionada. Aquella fue continuación de una ruta política. La otra se enmarcó en una efeméride.
Grato o no, según se vea, el vértice de coincidencia fue el común interés, por supuesto diferente, en ambos espacios. Sin proponérselo, los rieles del parlamento y de la academia se dirigieron a la Constitución: en sede legislativa el debate fue por su reforma; en el ámbito científico apuntó hacia la democracia. Se habló de lo mismo con dos visiones encontradas. No siempre hay fundamentos técnicos en las propuestas legislativas; tampoco entendimiento ni aceptación de la realidad en las tesis. Alcanzar ese ideal es complicado.
Una iniciativa de los líderes de las bancadas parlamentarias en ambas cámaras del Congreso, para reformar el artículo primero constitucional, incluida una batería de transitorios con la eventual desaparición del principio de irretroactividad y del carácter general de la norma, produjo de inmediato una marejada de rechazo. Lo arriesgado de la apuesta visibilizó el despropósito provocando en pocas horas su edulcoración.
No fue lo único. Hubo más, desde dentro y de fuera: la controversial resolución del Tribunal Electoral federal a la consulta del Instituto Nacional Electoral sobre la suspensión de la organización para la elección judicial; la inédita consulta de la Presidencia de la República al Senado cerca del mandato de una jueza federal de retirar la publicación de la Reforma Judicial; y el proyecto presupuestal 2025, reducido, para la Suprema Corte de Justicia.
Del exterior, lo más notable fue el amicus curiae firmado por cincuenta constitucionalistas de gran prestigio en el mundo, presentado a nuestro tribunal constitucional en apoyo de la revisión de la constitucionalidad de la Reforma Judicial. Una valiosa pieza de moderna argumentación jurídica.
En ese contexto de crisis constitucional fuera de duda, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional realizó la XVI edición de su congreso con un robusto programa desarrollado a lo largo de cinco intensas jornadas en la Ciudad de México; dedicado a la reflexión sobre el constitucionalismo para la democracia del siglo XXI, y en homenaje a nuestra Constitución Federal de 1824, en su bicentenario.
En treinta y ocho mesas temáticas, trescientas expertas y expertos hicieron sus planteamientos; en otras once, se presentaron noventa y nueve comunicaciones. Desde los discursos inaugurales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hasta la presentación de la Cuarta Encuesta de Cultura Constitucional, previa a la clausura en la antigua sede de la Cámara de Senadores, el ejercicio con voces y pensamientos de América y Europa no tuvo desperdicio.
Así empezó y concluyó la pasada semana mexicana, con la Constitución como eje de la discusión pública. Ojalá lo sucedido y dicho desde dos mundos paralelos, permeé al interés de las entidades federativas, motive encuentros, buenas decisiones constitucionales y empuje la inteligencia en ambos.