La Federación Mexicana de Futbol (FMF), que permanece en silencio tras la investigación abierta sobre la ex seleccionadora femenil Sub-20, Maribel Domínguez, por denuncias de acoso y maltrato contra una de sus jugadoras, no cuenta con un protocolo de prevención y acción institucional para casos de discriminación, acoso y violencia de género.
Lo anterior fue confirmado por jugadoras del Tricolor, bajo la condición de mantener el anonimato, en contrapunto con lo declarado por Yon de Luisa, titular de la FMF, quien el jueves pasado resaltó el actuar de la federación “de acuerdo a los protocolos establecidos para un caso de este tipo”.
“No hay, no existe”, refuta una de las seleccionadas nacionales en medio de la incertidumbre que golpea al equipo. Según su testimonio, las jugadoras reciben un reglamento interno cuando se concentran en el Centro de Alto Rendimiento, el cual especifica las normas que se deben cumplir dentro y fuera de sus horarios, “pero no indica a quién se puede acudir en casos de acoso y violencia de género”.
Sin un manual de procedimientos, lo que les queda a las denunciantes es el área de recursos humanos; sin embargo, “tampoco sabes si eso te proteja”, afirma una ex integrante del actual plantel mexicano; “porque presentas tu denuncia y terminas firmando tu finiquito, como le pasó a Mich Moreno en Cruz Azul”. Ella rescindió su contrato con la Máquina en mayo pasado, luego de acusar maltratos del cuerpo técnico encabezado por Roberto Pérez Loarca.
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En la indagatoria abierta por la FMF, la sicóloga Parma Aragón, coordinadora del área de crecimiento personal de selecciones nacionales desde 2010, es señalada de frenar denuncias de acoso relacionadas con Maribel Domínguez, según un medio local.
“Me sorprende, porque Parma siempre fue una persona profesional en el área que le corresponde”, afirma Roberto Medina, ex técnico nacional Sub-20, vía telefónica desde Monterrey.
Medina y Aragón coincidieron en varias ocasiones con el equipo femenil, en lo que fue “una relación de respeto y trabajo”, recalca el estratega, “pero no puedo dar más detalles porque hay una investigación abierta”. De Domínguez, en cambio, prefiere no opinar. “Sobre ella me reservo mis comentarios”, se excusa debido a que “no conozco su forma de trabajo y no puedo confirmar o desmentir las cosas que se dicen”.
Lo que sí avala, por otro lado, es la falta de un protocolo de prevención en la FMF, algo que contradice la versión oficial. “Lo que se manejaba antes eran las denuncias anónimas”, recuerda; “sin embargo, hoy no hay ningún protocolo establecido que brinde estabilidad emocional a las jugadoras”.
Sobre esa línea, la sicóloga deportiva Claudia Rivas subraya la urgencia de una figura de apoyo, tanto en selecciones femeniles como en clubes de la Liga Mx, para establecer un patrón de confianza. “No todos los ministerios públicos son éticos. Muchas veces el que tiene que proteger a las mujeres no lo hace”, explica sin querer involucrarse en temas relacionados con la investigación abierta.
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Colega de Parma Aragón, Rivas reconoce que existen situaciones en las que una víctima de acoso establece un lazo de confianza con un especialista, lo que involucra a su vez la denominada ‘ética profesional del silencio’.
“Si es algo que le puede hacer daño a la persona o a la institución, se habla con el superior inmediato. Jamás se deja sola a la persona, al menos en mi caso. Cada uno trabaja con sus normas y sus estilos”, indica frente al caso que involucra a la sicóloga del Tri, señalada por varias seleccionadas.
“No me gustaría hacer leña del árbol caído, porque podría contribuir a crear una cultura del chisme mientras están las investigaciones. Nuestra función como sicólogas deportivas es potenciar la salud física y mental de las atletas, pero no a costa de algo que las afecte.”
En un comunicado, Maribel Domínguez manifestó que acatará “cabal y respetuosamente cualquier decisión” que arroje la indagatoria de la FMF, aunque advirtió que no permitirá “el daño moral hacia mi persona y mi familia.
“Me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias” en caso de mantenerse las opiniones “tergiversadas, malitencionadas y sin sustento”.
Por Alberto Aceves / La Jornada
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