Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que las personas con prisión preventiva oficiosa con dos años de retención y sin ser sentenciadas puedan solicitar a un juez que se les revise su condición, señaló Rafael Robles Roa.
El titular de la Unidad de Litigio Estratégico de la Defensoría Pública Federal explicó que será un juez quien determinará los casos en que se pueda dar la liberación con la ayuda de un brazalete electrónico o con el asistir a firmar semanalmente, o bien continuar en prisión pero se tendrá que justificar.
“La Suprema Corte resolvió un caso que presentamos desde la Defensoría Pública en torno a una persona que tenía ya tres años detenida por haber sido acusado de cometer secuestro exprés, pero seguía sin sentencia aún”.
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Lo que dijo la SCJN es que todas aquellas personas que estén en prisión preventiva oficiosa y que ya tengan dos años sin sentencia, los jueces están obligados a celebrar una audiencia para revisar si seguirán en la cárcel, explicó el también abogado.
En entrevista, explicó que este caso se llevó hasta la SCJN porque hay expedientes tanto del nuevo sistema de justicia pernal como del sistema tradicional en que las personas llevan más de tres años privadas de su libertad sin ser sentenciadas y a la espera de que su caso se judicialice.
“Esto no significa que las personas se libren del proceso jurídico o salgan en libertad sin ser responsables. Lo que se indica es que el juez opte por alguna otra medida que no implique la cárcel”.
De la misma manera, detalló que no es lo mismo estar en la cárcel de manera permanente a tener un brazalete, vivir en prisión domiciliaria y acudir a firmar.
Robles Roa cuestionó ¿qué pasa con las personas que son inocentes y las investigaciones tardan años y al final se no se les encuentra responsabilidad? Cómo se recupera los años que pasaron en prisión.
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De acuerdo con dato de la Defensoría Pública Federal en esta condición estarán cerca de 86 mil presos (datos del INEGI) en cárceles federales en el país. Y el 20 por ciento de las personas que si recibieron sentencia, tuvieron que esperar más de dos años para contar con un juicio.
Un punto a destacar es que la resolución de la SCJN permitirá que la justicia sea pronta y expedita como lo mandata la ley.
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