Desde meses atrás, no era un secreto que Alfonso Durazo Montaño, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tenía en mente dimitir para buscar en el 2021 la gubernatura de Sonora.
Andrés Manuel López Obrador incluso lo llegó a comentar en sus conferencias mañaneras, subrayando que le había reiterado que lo pensara y que continuara en su cargo.
Pero al final, Durazo Montaño desoyó la invitación presidencial y renunció.
Habría que sopesar los resultados en esta importante responsabilidad. Aún con el apoyo de las fuerzas armadas, el hoy exfuncionario federal no fue muy amplio en lo que se esperaba. En sus disertaciones públicas, muy numéricas y abundantes en porcentajes, no se advertían espectaculares avances en el combate a la delincuencia, en todos los órdenes.
En el país se registraban, y aún hoy, cotidianos actos contra la ley. La tranquilidad apetecida no se reflejó en su gestión.
Surgió entonces, natural, la interrogante de quien lo sucedería, potestad indiscutible del jefe del Ejecutivo.
Surgieron nombres como los de Manuel Espino, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y otro más, con saludable presencia pública, sobre todo en la Ciudad de México: Omar García Harfuch, quizá el más joven de los aludidos. Obviamente, por la naturaleza de la encomienda, ninguna mujer fue contemplada en esa primera instancia.
Empero hubo sorpresa y AMLO se pronunció a favor de Rosa Icela Rodríguez, quien fungía como coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, quien se desempeñará en calidad de Coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.
No hay casos cercanos en que se aluda una mujer que en el país acometiera este tipo de trabajo tan azaroso.
En Hidalgo se recuerdan designaciones de experimentadas policías quienes llegaron a fungir como secretarias de Seguridad Pública en algunos municipios. No muchos.
Alguna vez, en plática con una de ellas, mencionaba que lo difícil era merecer respeto y reconocimiento de sus propios compañeros de corporación, muchos ya veteranos en estas lides. Ponían en terreno de duda sus merecimientos.
La nominada Rosa Icela pidió tiempo para decidir. Entendible, ya que se recuperaba en su casa de un contagio de Covid-19.
Finalmente aceptó, manifestándose agradecida y comprometida.
Los comentarios no fueron unánimes a su favor. Su condición femenina fue, y ha sido, lo más controvertido. No han imperado bondades de analistas bajo el marco de la llamada paridad de género.
AMLO reveló que Rosa Icela era originaria de la Huasteca Potosina, de una familia no de boyantes recursos económicos.
Su profesión fue el periodismo. Fungió como reportera de La Jornada. Posteriormente estuvo en Seguridad Pública, en la Ciudad de México. Y después otros encargos para casi un total de 20 años en el Gobierno de la capital del país, colaborando con López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, culminando como secretaria de Gobierno con Claudia Sheinbaum.
Cuando asuma funciones, su universo laboral será tan amplio como el lograr que bajen las tasas de criminalidad en la República.
Por ahora, su máximo cuestionamiento es ser mujer, lo que parece injusto, ya que sus antecedentes la perfilan como dama de carácter, de decisiones firmes, que sin duda enfrentará la prueba más difícil de su carrera.
Políticos en entredicho
Día con día surgen informaciones de casos pendientes contra políticos, por supuestas irregularidades, sobre todo económicas.
La última fue la que involucra a Roberto Sandoval, quien fuera gobernador de Nayarit de 2011 a 2017. Prófugo, se le imputan irregularidades en el manejo de finanzas de su entidad.
López Obrador abordó el caso recomendándole que dé la cara y enfrente los señalamientos en su contra.
Se le considera culpable por presunta comisión de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Recoinversión para la Creación y Apoyo de empresas Sociales del estado.
También otro mandatario, César Duarte, de Chihuahua, obtuvo de un juez federal de Estados Unidos ampliación de tiempo para que responda a una carta diplomática como sustento al pedido de extradición a su país donde enfrenta señalamientos por corrupción.
La audiencia final de extradición se fijó para el 14 de enero próximo
Otro mexicano involucrado, no precisamente político, Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores cancelar el procedimiento de extradición.
Como motivo, citó que era insubsistente la orden de aprehensión en su contra, después de que un tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México le concedió un amparo.
Ancira Elizondo fue involucrado como presunto responsable por la venta fraudulenta de la planta de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos.
Otro que se empantana jornada tras jornada, es el de donde aparece Rosario Robles, con nuevos embates judiciales, que permiten inferir que falta mucho para que pudiera ser puesta en libertad.
Y se suman, aquí, cerquita, detenciones de expresidentes municipales, de Mineral de la Reforma y el más reciente, el de Tepeapulco.
Lo último fue el sorpresivo anuncio de que el general en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos por pretendidos cargos de narcotráfico y lavado de dinero, retornará a México.
Las imputaciones se han desestimado, de acuerdo con lo que informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
Mucho queda por delante sobre el tema, aunque se ha reiterado que en México no han surgido acusaciones en su contra. Cuestión de esperar el epílogo de esta singular información.
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