Referente destacado, Miguel Carbonell llama a nuestra atención: “Un abogado que solamente sepa cosas de derecho, no puede ser un buen abogado. Los buenos abogados son sobre todo humanistas: saben de leyes, de historia, de política, de economía, de filosofía.” (@MiguelCarbonell X, 20/12/24)
El llamado del constitucionalista no es novedoso, su amplia visión ha sido persistente en un ejercicio profesional de calidad, más allá del mero conocimiento jurídico, sin límites al universal, hasta conformar un bagaje cultural – dicho en el más amplio sentido -, favorable para la mejor aplicación de las normas, independientemente del campo de desempeño.
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Además de vigente, cobra mayor importancia ante un nuevo escenario para la abogacía mexicana generado por el proceso reformador de la Constitución y su notable consecuencia: la abrupta sustitución del Estado de derecho en nuestro país.
El cambio de modelo constitucional no está a discusión, es una realidad. Así debe asimilarse y también atenderse. Colocada en esa situación, más conviene a la abogacía mexicana desplegar sus velas navegar con inteligencia y mejor conocimiento.
Es llegado el caso de trazar la mejor carta de navegación hacia los diversos puertos donde la profesión jurídica debe arribar en breve tiempo.
Lo urgente es imaginación para vislumbrar riesgos y posibilidades, alimentada, precisamente como apunta Carbonell, en una visión bien informada del fenómeno global. Ese principal reto ya está aquí, aparejado a los novedosos paradigmas de la República.
Es responsabilidad de todas las personas profesionales del derecho, asumirlo en serio, si lo evadimos nos rebasará irremediablemente como suele ocurrir cuando las transformaciones son menospreciadas y paralizan en la inconformidad y el rechazo. El duelo es útil, no así su permanencia.
La abogacía debe ofrecer respuesta a las nuevas circunstancias, diseñar propuestas para gestionarlas y comprometerse a construir los mejores escenarios, desde todos los espacios de su responsabilidad: enseñanza e investigación del derecho, actualización y divulgación jurídicas, prácticas profesional privada, ejercicio en el servicio público, y colegiación.
Necesariamente debe tirarse otra mirada en cada uno de esos espacios para abordar sus quehaceres con efectividad y congruencia. Igual en las universidades, claustros académicos, medios especializados, instituciones del Estado, iniciativa privada y corporaciones gremiales. En ninguno hay exención de tamaña responsabilidad.
Hay necesidad de aplicarse ya, en la adecuación de planes y programas de estudio para la formación de la futura abogacía, como en actualizar a la actual en el nuevo diseño constitucional y la de organización para la impartición de justicia, ahora vigentes.
Los centros de investigación están llamados a redefinir sus objetivos para privilegiar, en el corto plazo, la atención de una problemática vislumbrada compleja, al menos en su etapa inicial, con propuestas viables para su consolidación.
La judicatura requerirá definir sus conceptos conforme a la nueva legislación, y su interpretación de los derechos humanos sin riesgo de retrocesos en lo avanzado desde 2011.
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De la colegiación también se requerirá mayor oferta para actualización en el conocimiento y las mejores prácticas del litigio. Y, fundamental: la consolidación de sus principios gremiales para evitar las tentaciones y/o provocaciones desde el poder.
Por sus dimensiones y posibilidades, las abogacías regionales pueden ser más efectivas en este tránsito, sin desconocer sus propias debilidades. Para las nacionales la complejidad ha sido y es mayor, pero también sus fortalezas.
MHO
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