El servicio público tiene dos responsabilidades, la fundamental que es el ejercicio legalmente acotado de las facultades establecidas para cada autoridad, nada más pero nada menos. Otra es la política, laxa por su propia naturaleza y regida por códigos que no son los de las normas jurídicas. Para el incumplimiento de las primeras hay sanciones de diverso calado, procedimientos, autoridades conocedoras y efectos. Las segundas se castigan con diverso método y conforme a variables cambiantes en tiempo y circunstancia.
Una cosa es sancionar los yerros políticos y otra muy distinta los normativos. Acciones u omisiones en ambos campos tienen valoraciones diferenciadas, de ahí la trascendencia de sus consecuencias. Para aquellos pueden ser definitivos, temporales para los otros. Un error político hace virar el rumbo de las historias personal y colectiva, el jurídico afecta cuando más a la familia y al grupo cercano de quien lo haya cometido.
El anecdotario mexicano abunda en registros al respecto, lo mismo en el pasado lejano que en el más reciente. Ahí están quienes perdieron y pagaron, también quienes ganaron y siguieron adelante. Así está conformada principalmente la historia de nuestro siglo XX.
Dejo lo anterior a manera de preámbulo para centrar la atención en el hecho lamentable que produjo más de veinte víctimas fatales en el Metro de la Ciudad de México, en días recientes y que tanta controversia y hasta especulación ha traído.
Trasladado al espacio de la lingüística si fue incidente o accidente, vamos a motivaciones más terrenales. Empecemos por el espacio territorial del suceso, sitio donde cohabitan los poderes de la República y las autoridades locales. Esa disposición de la arquitectura constitucional hace una marcada diferencia con el resto del país, pues lo que debe ser y es de la exclusiva responsabilidad y competencia de aquellas, traspasa ese límite e impacta políticamente en el gobierno federal, aunque legalmente no le corresponda. La repercusión directa va hacia las personas. Es cuando la mezcla de lo legal con lo político genera otra complejidad, ahora en la discusión: la presencia o no del jefe del Estado en el lugar del evento. El presidente ya explicó su posición al respecto.
Lo jurídico es más complicado. Se regula y resuelve conforme a prácticas y procedimientos estrictos, en este caso a partir de precisiones técnicas que luego derivarán en responsabilidades administrativas y eventualmente penales. Llevará su tiempo. Quienes apuran sacrificios tendrán que esperar. Las reacciones precipitadas desprecian la cultura de la legalidad.
Regresemos a lo político: no es costumbre en nuestro país pagar ni cobrar costos anticipados. Casos los hubo, por supuesto. El jefe del entonces Departamento del Distrito Federal cayó en desgracia después del fatídico Jueves de Corpus que en 1971 cegó la vida de algunos estudiantes; lo mismo que el gobernador de Jalisco Guillermo Cosío Vidaurrí días posteriores de la explosión que partió Guadalajara y, el secretario de Gobernación Patrocinio González Garrido tras la declaratoria de guerra del Ejército Zapatista el primer día de 1994. No recuerdo renuncias de motu proprio cuando debiera ser así por responsabilidad y respeto a la superioridad jerárquica a quien así se le evita una incomodidad.
Y de vuelta a lo jurídico, para concluir, conviene recordar un antecedente en los anales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se discutió el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y el ministro ponente Arturo Zaldívar desarrolló un criterio en su proyecto que entonces fue desestimado donde consideró: “Cuando se actualizan omisiones importantes por parte de los órganos y entidades del Estado que permiten o provocan violaciones graves a los derechos fundamentales, debe haber responsables, debe haber alguien que responda por tales afectaciones. […] Los servidores públicos quienes tienen a su cargo las dependencias, entidades y organismos del poder público son responsables de las fallas graves que se cometan en las instituciones que están bajo su titularidad. La conducción de las instituciones de las que son titulares los constituye en garantes de su debido funcionamiento. […] Los dirigentes son responsables de las entidades que dirigen. Son causantes de los éxitos, pero también lo son de los errores graves que se cometen por acciones u omisiones. Los aciertos serán suyos, pero los errores también”.
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