La Cámara de Diputados reinició este jueves la discusión sobre la reforma mediante la cual desaparecerán siete organismos autónomos (Inai, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval), que fue aprobada ayer en lo general.
En la sesión de hoy, se plantearán cerca de 300 reservas al dictamen –en voz de 86 oradores–, entre ellas una de Morena que propondrá modificar el artículo 28 constitucional, para crear una agencia antimonopolios –bajo la adscripción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes—que fusionará las labores encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
En el texto de la mencionada reserva, se menciona que el Ejecutivo Federal, “a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficazmente las carreras a la competencia y a la libre concurrencia”.
De igual forma, establece que la mencionada autoridad “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”.
Además, “ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando los dispuesto en los artículos 6º y 7º” de la Constitución.
Para realizar dicha labor, especifica la reserva del partido guinda, se creará la “entidad paraestatal denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, la cual “quedará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”.
Dicha autoridad “contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.
Por Fernando Camacho y Enrique Méndez
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