Está cantado: tenemos una justicia muy dispareja. Afirma el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puntualiza: es la que llega de primera mano a la gente. La que lastima, la que ofende pero también es la primera esperanza. Y convoca: iniciemos una reflexión colectiva para una mejor justicia en todo el país.
Hubiera sido preferible esa convocatoria surgida de la propia judicatura local.
En un sistema federal deben funcionar dos vías de comunicación: una del centro a la periferia, nutre la colaboración federal con los órdenes local y municipal y articula el cumplimiento de competencias. Ahí va la aplicación del orden jurídico normativo del Pacto Federal, regulador de los millones de interacciones diarias ciudadanía – administraciones públicas. Por ella fluye la política alimentadora del federalismo, alienta colaboración, resuelve tensiones y emergencias. En nuestra tradición histórica incluye regaños, intromisiones y hasta venganzas.
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La otra va de la periferia al centro. Ahí transita la comunicación de las entidades federativas y sus municipios, hacia la Federación. Peticiones, proyectos, conflictos y solicitudes de auxilio por contingencias, son su materia cotidiana. En los años recientes -a partir de la alternancia más frecuentes-, reclamos y descalificaciones que tensan la relación con los estados. Es, precisamente, una de las atrofias del federalismo mexicano.
No es usual que desde las entidades federativas se escuchen planteamientos de gran calado llamando a modificar la ingeniería constitucional. Tampoco propuestas para discutir a fondo el modelo en temas como la economía local o una política exterior de las regiones. Poco decimos y menos proponemos desde la provincia, acerca de temas nacionales, ni regionales, de fondo o coyuntura, que afecten al país.
Si lo es que desde el centro vengan las grandes propuestas. Es el caso, y enhorabuena que sea así, por un motivo de la mayor trascendencia como es la justicia. Si la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, CONATRIB, el Senado de la República, o la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, instancias naturales para ello, han sido omisas, ahora la convocatoria es de la presidencia de la Corte. Sin dudar hay que aprovecharla. Extraña que todavía nadie haya recogido el guante.
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Lo siguiente es una agenda puntual de la discusión. Imprescindible conjuntar propuestas, federal y de las entidades federativas. No cabe la autoexclusión de lo local –ni siquiera imaginarlo-, sería oportunidad desperdiciada y ejercicio ocioso. El ministro presidente parte de la gran reforma al Poder Judicial Federal y la necesidad de alinearla en toda la república. Las judicaturas locales adolecen de problemática similar, pero tienen buenas prácticas. Puede ser el espacio para mostrarlas y contrastarlas. No conviene asimilar una propuesta ajena, tampoco la reforma espejo.
Reformar el aparato de justicia no es asunto menor ni inmediato. Requiere planeación, temporalidad y enfoque. Urge visión para consolidar principios, construir legitimidad, armonización legislativa, procedimientos, perfiles y conductas, políticas de desarrollo, presupuestos y, blindaje a la corrupción. También institucionalizar el diálogo de tribunales locales y federales.
Iniciemos una reflexión colectiva para una mejor justicia en todo el país, propuso el ministro presidente, Arturo Zaldívar. ¿Quién le toma la palabra?
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